El Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró por primera vez a inicios de esta semana ante la fiscalía, en el caso de delitos de lesa humanidad del que se le acusó en medio del estallido social que inició en octubre de 2019 en nuestro país.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien está a cargo de la investigación, llegó hasta la casa del jefe de Estado en Las Condes para tomarle declaración, por la denuncia en la que también se pide que se cite a declarar al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el ex jefe de la Defensa Nacional Javier Iturriaga y el ex general director de Carabineros Mario Rozas.
El mandatario declaró en compañía de su abogado personal Samuel Donoso.
Desde el gobierno dijeron que cumplirán el mandato que le corresponde en un Estado de Derecho y se someterán a los organismos autónomos, como lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público.
"El gobierno, junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los derechos humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del Ministerio Público", dijeron a través de una declaración.
"En el contexto de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, el Presidente de la República concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019", agregaron.
La querella fue presentada el 4 de noviembre de 2019, a dos semanas del inicio del estallido social en nuestro país y luego de que se conocieran distintos hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
Un grupo de 16 abogados fueron quienes presentaron la acción judicial que acusa que desde el 19 de octubre, las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron responsables de homicidios, torturas, apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular a 150 personas.
Los abogados pretenden que el mandatario asuma, como máxima autoridad del país, las violaciones a los derechos humanos que también fueron denunciadas por distintos organismos internacionales.
