Luego de que Contraloría detectara graves fallas en la entrega de pensiones de gracia del estallido social, una nueva arista apunta a la acreditación que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acerca de los daños que acusaron sufrir los postulantes al beneficio.
El documento publicado el jueves evidenció que una decena de casos no presentaban antecedentes médicos o respaldos que acreditaran la versión de los presuntos afectados en el marco del estallido social, algo que, según el organismo controlador, daría cuenta de que el INHD “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.
Frente a esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, responsabilizó este viernes al INDH por la ausencia de certificados, pues ese organismo es “el encargado de solicitar los antecedentes médicos”, afirmó la autoridad.
Sin embargo, un oficio del 23 de septiembre de 2022 que replica el diario La Tercera, enviado por la directora del Instituto, Consuelo Contreras, al Presidente Gabriel Boric, advertía que no podían seguir acreditando las afectaciones de los postulantes para acceder a las pensiones. El jefe de Gobierno nunca respondió, según la publicación del medio citado.
"Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”, expone el texto enviado al mandatario.
