La tarde de este viernes, el Ministerio Público se refirió a las controvertidas autorizaciones del juez Daniel Urrutia, quien permitió a presos de alta peligrosidad a realizar videollamadas.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Fiscalía detalló que "ha estado en constante coordinación con Gendarmería revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión".
"Estos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados", añadieron.
Controversia por videollamadas autorizadas por Urrutia:
El otorgamiento de permisos para realizar videollamadas a reos peligrosos ha causado cuestionamientos en el Gobierno y en Gendarmería.
Sin embargo, no es la primera vez que el juez Urrutia se ve envuelto en una polémica, ya que durante el estallido social protagonizó más de una.
En el 2020, Daniel Urrutia quitó la prisión preventiva a 13 imputados de la “primera línea” por delitos cometidos durante el estallido social, dejándolos con arresto domiciliario.
Ese mismo día, la Corte de Apelaciones decidió revocar su resolución. Tras eso, fue apartado varios meses de sus funciones y se abrió un sumario en su contra. Hasta que en el 2021, el pleno de la Corte le permitió regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Posteriormente, en mayo del 2023, la defensa del Carabinero imputado por el Caso Pío Nono acusó al juez de falta de imparcialidad ante la Corte de Apelaciones, por lo que Urrutia se inhabilitó voluntariamente.
