Gran polémica causó la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien habría permitido que reos peligrosos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) realizaran videollamadas al exterior.
El Gobierno y Gendarmería cuestionaron su actuar que pondría en riesgo a la sociedad, debido a que en REPAS se encuentran personas responsables de delitos como extorsiones, trata de personas, homicidios y secuestros.
Sin embargo, no es primera vez que el juez Daniel Urrutia se ve envuelto en una polémica, ya que durante el estallido social protagonizó más de una.
Quién es Daniel Urrutia
Según consigna ExAnte, Daniel Urrutia Laubreaux nació en Santiago en el año 1974. Egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle de Santiago y estudió Derecho en la Universidad de Chile.
En el año 2000 llegó al Poder Judicial. Trabajó en el Juzgado de Garantía de Freirina (2001), Ovalle (2003) y Coquimbo (2004), hasta terminar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el 2006.
Tras realizar una propuesta de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de DD.HH durante la dictadura, en el 2005 acusó una persecución en su contra, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidió un permiso sin goce de sueldo para irse a México entre el 2009 y el 2012.
Recién en el 2020, la Corte actuó a su favor y dictaminó que el Estado chileno debía responder por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez.
Las polémicas del juez Daniel Urrutia
En el 2020, Daniel Urrutia quitó la prisión preventiva a 13 imputados de la “primera línea” por delitos cometidos durante el estallido social, dejándolos con arresto domiciliario.
Ese mismo día, la Corte de Apelaciones decidió revocar su resolución. Tras eso, fue apartado varios meses de sus funciones y se abrió un sumario en su contra. Hasta que en el 2021, el pleno de la Corte le permitió regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Posteriormente, en mayo del 2023, la defensa del Carabinero imputado por el Caso Pío Nono acusó al juez de falta de imparcialidad ante la Corte de Apelaciones, por lo que Urrutia se inhabilitó voluntariamente.
