El Juzgado de Garantía de San Bernardo decidió ampliar la detención de dos oficiales de Carabineros de Chile y un cadete del Ejército de Chile, quienes son acusados de integrar la estafa piramidal KnightsBridge.
Fue durante este jueves que las tres personas quedaron detenidas en un operativo registrado en tres regiones, por la investigación de una estafa piramidal a través de internet que se realizó entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.
En medio de las labores por la investigación se detuvo a quienes habrían liderado la estafa, siendo identificados como dos tenientes de Carabineros de Chile y un cadete de la Escuela Militar.
Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia y se resolvió ampliar su detención hasta el lunes 29 de mayo.
El fiscal Sergio Soto, señaló que "a través de información que nos proporcionó Asuntos Internos y a través de las consultas que ellos realizaron en el interior de Carabineros de Chile, nos informaron de manera preliminar que existían aproximadamente 500 funcionarios de Carabineros que habrían participado tanto en calidad de víctima como en cantidad de reclutadores de otras personas en esta máquina de defraudar gente".
"Surgieron antecedentes, con ocasión de la detención de uno de los imputados que es del Ejército, que permitieron establecer que ellos, a través de información de fuente abierta habían obtenido antecedentes que en el interior de la Escuela Militar existía un foco de propagación en orden a personas que se dedicaban a captar integrantes de la Escuela en esta máquina defraudatoria", agregó.
Por otra parte, manifestó que "en uno de los domicilios de los imputados, en la comuna de La Reina, se encontró material sujeto a la Ley de Control de Armas. Efectivamente granadas y otros proyectiles de carácter lacrimógeno".
Fiscalía ha recibido aproximadamente 600 denuncias y querellas, sin perjuicio de que algunas una de ellas hace referencia a múltiples víctimas, por lo que habría más de mil personas afectadas. Y en cuanto al dinero defraudado, formalmente se ha denunciado un perjuicio superior a los $1.100 millones.
Sin embargo, el fiscal Sergio Soto llamó a las personas que aún no denuncian los hechos, que se acerquen a sedes de la PDI para exponer la situación particular y exponer antecedentes para poder acoger su respectivo caso.
"Respecto a los destinos de los ingresos ilegítimos o ilegales que obtuvieron a través de esta forma de defraudar, tenemos antecedentes que realizaron inversiones en depósitos a plazo, en el mercado de valores, en viajes, compras de ropas de marcas importantes, etcétera", complementó.
