Para mañana a primera hora quedó finalmente fijada la votación en el Senado de las modificaciones que propone el Gobierno, por tercera vez, al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Esto, luego que sólo media hora antes de la sesión fijada a las 16:00 horas la Comisión de Hacienda iniciara una sesión extraordinaria para conocer la redacción de las indicaciones pendientes del Ejecutivo, que previamente se habían aprobado el martes por referéndum.
Una de ellas es la que rebaja la edad de los adultos mayores con Pensión Básica Solidaria (PBS) desde 70 a 65 años, lo que incorporó a 70 mil nuevos potenciales beneficiarios del aporte de $100.000 que contempla la normativa.
A ella, se agregó de manera sorpresiva otra indicación en que el Gobierno sumó a un nuevo grupo de jubilados integrados por quienes reciben Aportes Previsionales Solidarios (APS) ya sea por vejez o invalidez, acogiendo con ellos parte de las preocupaciones de los parlamentarios durante la discusión del proyecto en la comisión.
Esto, según las estimaciones del Gobierno, implica otras 170 mil nuevas personas que permitirán sumar familias que integren el Registro Social de Hogares con una persona o más beneficiarios de APS de vejez o invalidez, donde el monto total de la pensión tiene que ser menor o igual de la PBS.
Otra indicación, que si bien fue conversada, pero que en la redacción no cumplió con las expectativas de los parlamentarios de oposición integrantes de la comisión, fue la que fija una instancia de revisión del IFE para el primer semestre de 2021.
La idea original del senador (PS), Carlos Montes -apoyada por el DC, Jorge Pizarro y el PPD, Ricardo Lagos- apuntaba a la constitución de un comité que pudiera evaluar el diseño de las políticas públicas de protección social con el propósito de ir mejorando las acciones del Estado. Por el contrario, lo que ingresó el Gobierno fue una indicación que propone la rendición de un informe por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ante una comisión mixta entre Hacienda y Desarrollo Social.
Ante esto, en su primer encuentro como ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se comprometió a generar instancias con expertos que pudiesen dar cuenta en la comisión sobre la evaluación de las medidas implementadas en el contexto de la crisis sanitaria.
