La Fiscalía Centro Norte inició una nueva investigación por uso de los dineros de la ley Reservada del Cobre por parte del Ejército de Chile. Esta vez, por el pago a cinco proveedores por una suma de US$ 12 millones, sin el respaldo ni documentación correspondiente.
El ministerio Público, además de haber investigado y cerrado la causa por el desvío de fondos de la entidad castrense a través de la Ley Reservada del Cobre -cifra cercana a los 5.700 millones-, donde fueron condenados cuatro ex proveedores del Ejército, recibió un informe emanado de la Contraloría donde se arrojaron observaciones sobre la forma en la que la institución realizaba negocios con sus distribuidores.
El informe, correspondiente al periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, fue enviado a la Fiscalía Centro Norte para que se indagara la existencia de delitos a las observaciones hechas al Ejército. Debido a la dificultad de los antecedentes, se decidió remitir la nueva causa a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
Según el documento “se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y cía. S.A., Famae, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH y Servicios de Abastecimiento y Mantención de la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A., por un total de US$ 12.762.427, careciendo de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado”.
En resumidas cuentas, el Ejército de Chile pagó cifras millonarias a los proveedores sin que se constatara la prestación de los servicios o la recepción de los artículos comprados.
