El Juzgado de Garantía de Concepción dejó este jueves sujetos a la medida cautelar de arraigo nacional a Patricio Antonio Canales Espinoza y Cristopher Jairo Toledo Silva, imputados por el Ministerio Público como autores de tres cuasidelitos consumados de homicidio; un cuasidelito de lesiones graves gravísimas y un cuasidelito de lesiones menos graves.
En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Carlos Aguayo Dolmestch decretó la cautelar solicitada por el ente persecutor, con la anuencia de los querellantes, abogados de las víctimas y defensores.
Además, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y programó para el mediodía del miércoles 22 de enero de 2020, una audiencia para explorar una eventual salida alternativa. Asimismo, el juez Aguayo aprobó los acuerdos reparatorios a los que arribó la víctima Camila Andrea Pérez Moya con Gas Sur y el Sanatorio Alemán, según informó el Poder Judicial.
Según el persecutor, alrededor de las 9:30 horas del sábado 21 de abril de 2018, al interior de la Clínica Sanatorio Alemán, los trabajadores de la empresa ISD SpA Víctor Hugo Salazar Rebolledo y Rodrigo Alejandro Bastidas Sáez se encontraban demoliendo una escalera de concreto que comunicaba el sector de estacionamiento de médicos con una cafetería, momento en que Salazar Rebolledo perforó accidentalmente una cañería, provocando una fuga de gas natural, lo que activó parcialmente el protocolo de evacuación del sector, lo que también hicieron ambos obreros, y las empleadas de la cafetería Alexandra Yamilet Villegas Monsalve y Camila Andrea Pérez Moya.
Tras la evacuación parcial, cerca de las 10 de la mañana, se constituyó en el lugar el jefe del departamento de prevención de riesgos de la clínica, el imputado Patricio Antonio Canales Espinoza, quien asumió como coordinador general de la emergencia, evaluó la situación, mantuvo la evacuación parcial y solicitó la presencia de personal experto de Gas Sur.
Pasadas las 10:20 horas llegó Cristopher Jairo Toledo Silva, inspector de emergencias de Gas Sur, quien cerró la válvula del empalme que alimentaba la cañería dañada, poniendo fin a la fuga, como a las 10:26 horas. Tras ello, Canales dispuso el reingreso de los evacuados, sin la oposición de Toledo, sin medir previamente la concentración de gas o ventilar las dependencias, faltando ambos a los deberes de sus respectivos cargos.
Tras la orden de reingreso, los evacuados retornaron a dependencias de la clínica, entre ellos Víctor Hugo Salazar Rebolledo y Rodrigo Alejandro Bastidas Sáez, quienes regresaron a sus faenas, falleciendo producto de la explosión que se registró por la acumulación de gas aproximadamente a las 10:30 de la mañana.
Asimismo, perdió la vida Alexandra Yamilet Villegas Monsalve y Camila Andrea Pérez Moya terminó con lesiones graves gravísimas, politraumatismo, quemaduras del 56% de la superficie corporal, explosión de globo ocular derecho y múltiples lesiones faciales. En tanto, el menor de edad R.I.B.O. internado en la UCI pediátrica, tras una intervención quirúrgica, sufrió un traumatismo encéfalo craneano al caerle un monitor en la cabeza con la explosión.
Previamente, se desarrolló a solicitud de la fiscalía, una audiencia de sobreseimiento definitivo de los imputados Canales Espinoza y Cristopher Jairo Toledo Silva por las lesiones provocadas por la explosión a otras 47 víctimas, lo que fue acogido por el tribunal en 46 de los casos, quienes pueden buscar reparaciones en el ámbito civil.
