Antisemitismo. El informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación internacional de Derechos Humanos (DDHH) abordó, en su capítulo sobre Chile, las repercusiones locales tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en que soldados de Hamás irrumpieron en más de 20 comunidades del sur de Israel, matando a cerca de mil 200 personas y secuestrando a alrededor de 250. Se estima que más de la mitad de los rehenes permanece en Gaza, incluidos 34 que las autoridades israelíes dan por muertos.
- “La comunidad judía informó de un aumento del contenido antisemita en redes sociales tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre”, consignó la página 18 del informe sobre Chile.
- El documento cifró la comunidad judía local en 20 mil personas.
- El mismo 7 de octubre, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) publicó en X “un extenso mensaje en relación con el ataque de Hamás a Israel”, dijo el reporte.
- “El pueblo de Palestina tiene el derecho a resistir. La comunidad internacional ha callado por años frente al genocidio y exterminio de mujeres y niños. Seguramente, la respuesta del sionismo será feroz. ¡Solución al conflicto es poner fin a la ocupación! #PalestinaLibre”, publicó el edil.
- En marzo, la embajadora Deborah Lipstadt —enviada especial del Departamento de Estados de EEUU para monitorear y combatir el antisemitismo— dijo ante el Congreso de ese país que “criticar las políticas del gobierno del Estado de Israel no es, por supuesto, necesariamente antisemitismo. Sin embargo, responsabilizar globalmente a todos los judíos por los desacuerdos políticos que se tengan con Jerusalén, sí es antisemitismo”.
- Bajo esa línea de argumentación, los dichos de Jadue calificando de “derecho a resistir” el ataque de Hamás, correspondería a un acto antisemita.
- El documento del Departamento de Estado, publicado el 22 de abril, desarrolló la situación tras el ataque del 7 de octubre, que dio origen a una guerra que ha dejado más de 34 mil muertos y 77 mil heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, sin precisar cuántos son soldados y cuántos civiles.
- “Varias protestas pro palestinas posteriores incluyeron discursos antisemitas. Hubo dos incidentes de rayados de grafitis con esvásticas, uno en Concepción en marzo y el otro en Temuco, en septiembre”, dijo el documento.
- “Durante un acto público realizado en marzo, Gerardo Gorodischer, presidente de la Comunidad Judía de Chile, afirmó: ‘En Chile hay un odio antisemita que se propaga de forma permanente a través de las redes sociales, y aumenta dependiendo del estado de la situación palestino-israelí, lo que afecta a la comunidad judía local’”.
Macrozona Sur. El reporte también recogió denuncias sobre la situación de comunidades mapuches en el Biobío y La Araucanía, sin precisar a cuáles se refería.
- “Mapuches de determinadas comunidades fueron objeto de amenazas y violencia, incluido el uso excesivo de la fuerza durante registros policiales”, dijo el documento.
- “Los mapuches también fueron sometidos de manera desproporcionada a amenazas, violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de delitos relacionados con el cultivo y el tráfico de drogas”.
- “Los indígenas y sus instituciones generalmente tienen una limitada participación en las decisiones que afectan sus tierras, cultura y tradiciones”.
- “Si bien hay demarcación de las tierras indígenas, algunas comunidades indígenas mapuche y rapa nui exigieron la restitución de otras tierras que eran de propiedad pública y privada”, consignó el documento.
Corrupción. El informe abordó también la situación de corrupción en Chile, resaltando el Caso Convenios, gatillado por la investigación a 3 contratos por $426 millones suscritos en 2022 entre la secretaría regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada al partido oficialista Revolución Democrática (RD).
- El reporte detalló que medios chilenos mencionaron los vínculos entre directivos de fundaciones con partidos y funcionarios de gobierno, lo que habría dado origen a desvíos de fondos fiscales para esos proyectos.
- “A septiembre (de 2023), la Fiscalía Nacional investigaba a 53 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el país para determinar si funcionarios del gobierno y de partidos políticos habían cometido delitos de corrupción, fraude al fisco, nepotismo y malversación de fondos públicos, por más de 40 millones de dólares”, dijo el informe.
