La trama de la Clínica Sierra Bella continúa. Esta vez, con una declaración por parte de Inmobiliaria San Valentino SpA, sociedad dueña de la institución de salud.
En un documento de siete páginas, destacaron que fue la municipalidad la que inicio los contactos para la compra: "Queremos reiterar que nosotros nunca ofrecimos el inmueble, ni tuvimos ningún tipo de acercamiento previo al contacto que ellos iniciaron con nosotros".
Además, estipulan que fue "la alcaldesa Hassler quien dirigió personalmente las negociaciones, en la única instancia de negociación directa, quien cuenta con una preparación profesional altamente calificada".
"Desde octubre hasta la fecha de la firma de la compraventa hubo reuniones y contacto con distintos funcionarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022, pero solo existió una instancia de negociación y esta fue en una reunión presencial el día 20 de diciembre a las 15:00 horas, en la municipalidad, reunión a la que nos citó la alcaldesa Hassler, y en la que ella personalmente llevó esta negociación. Inicialmente nos ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedimos y en la misma reunión, luego de una serie de cálculos realizados por la alcaldesa, ella nos ofreció el valor que sí aceptamos de 234.124 UF", complementan.
Por su parte, comentan que Irací Hassler "miente al país al negar que el abogado Pablo Casanueva tenía mandato por parte de la municipalidad".
"Una vez firmada la compraventa en el mes de enero los contactos con el municipio han sido casi inexistentes", estipulan.
"Posteriormente al dictamen de contraloría de 13 de abril del presente, y pasado meses de la compraventa recién este lunes 17 de abril me contactó la Jefa de Gabinete de la Alcaldesa Hassler, doña Nicole Araya, quien me solicitó una reunión presencial, petición de la que declinamos por no parecernos prudente a estas alturas, con el contexto judicial, y particularmente por el errático comportamiento de la alcaldesa Hassler".
Por su parte, complementan que "lamentamos profundamente cómo se ha gestionado todo este proceso por parte de la Alcaldesa Hassler. Nos sentimos decepcionados y perjudicados por una serie de incumplimientos, irresponsabilidades, y falta de claridad mínima de la máxima autoridad municipal y sus equipos, la que a estas alturas raya en la total inexperiencia, y por qué no decir en la mala fe de la compradora, pues pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte".
"Creemos, por lo tanto, que lo que corresponde a una autoridad es asumir la defensa de su proyecto, subsanar o reconocer y hacer propios los errores si los hubo y no escudarse en señalar con el dedo a quienes estaban en su equipo, bajo su mando, o en profesionales que ellos mismos contrataron. Esta operación pasó por todos los departamentos, autoridades, directores y concejo (fue aprobado por todos los concejales en concejo, excepto por una abstención)".
Al final del comunicado Inmobiliaria San Valentino SpA añade que "descartamos todas las teorías de fraude construidas, que sólo podemos entender primeramente en el silencio injustificado que mantuvo Hassler durante gran parte de la polémica, y luego el mal manejo de la información aportada a los medios de comunicación, las omisiones, la poca claridad y falta de proactividad de parte de su equipo para ofrecer respuestas claras y concluyentes, basada en evidencia, tanto la existente, como otros datos complementarios que pudieron haber recogido durante todo este tiempo (investigaciones internas, nuevas tasaciones y valoraciones, estudios de impacto social del proyecto, entre muchos otros), para dar respuesta a las legítimas dudas instaladas en la opinión pública y evitar así aumentar una polémica que se ha mantenido como uno de los principales temas de pauta en la prensa desde enero a la fecha, con el consecuente perjuicio para su gestión y, por supuesto, con los enormes perjuicios para nosotros como privados, que nos hemos visto envueltos en cuestionamientos de todo tipo".
"Es por lo anterior, que anunciamos acciones judiciales destinadas a perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa, protegiendo nuestros legítimos intereses como vendedores", expresaron.
