Daniel Jadue escucha atentamente la pregunta de una de las moderadoras del debate presidencial, realizado en junio de 2021, para las primarias del pacto Apruebo Dignidad. La periodista le entrega un contexto sobre la promoción que ha realizado el alcalde, sobre el medicamento Interferón.
“En una declaración, en el diarioconcepción.cl, usted dice que el Interferón impide que el virus se reproduzca y también agregó que se ha ocupado en muchos países, de manera muy satisfactoria. Todo lo que usted señala, en esta declaración y en otras similares, ha sido absolutamente descartado por los estudios científicos. Y cuando usted pidió la autorización del uso del Interferón, no había ningún estudio científico que avalara su efectividad para prevenir el coronavirus”.
Daniel Jadue frunce el ceño, como si estuviera escuchando algo irracional. Le responde: “Mire, la verdad es que yo tengo información distinta. De hecho, hoy día la Universidad Católica está haciendo un estudio clínico, en nuestro país, con Interferón. La Universidad de Concepción produce Interferón y lo ha propuesto como medicamento para fortalecer el sistema inmune en el tratamiento de enfermedades como la pandemia. Y eso, la verdad, no es un invento mío, están los informes, los estudios que han hecho las universidades”.
Dos meses antes del debate, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), donde Daniel Jadue era director, recibió una transferencia de $204.976.800, de la municipalidad de Recoleta. El monto estaba destinado para ser entregado a la Universidad de Concepción, tras un convenio que buscaba investigar y desarrollar Interferón en Chile. Sin embargo, el monto nunca habría llegado a la casa de estudios.
Actualmente, ese dinero, junto a otros gastos y abonos realizados desde la cuenta bancaria de ACHIFARP, son parte de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte, a la que tuvo acceso “Reportajes T13”. La misma que mantiene, en calidad de imputados por cohecho y malversación de caudales públicos, al alcalde Daniel Jadue, Daniel Moraga y Matías Muñoz, ambos exsecretarios ejecutivos de la asociación. Todos involucrados en un caso donde la municipalidad de Recoleta accedió a guardar 1.299 dosis de Interferón, un medicamento que nunca tuvo autorización del Instituto de Salud Pública para ser desarrollado ni distribuido.
Un convenio sin autorización
El 16 de junio de 2020, el alcalde Daniel Jadue, en su cargo de director de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (ACHIFARP), firmó un convenio con la Universidad de Concepción para la investigación y creación de un spray nasal que ayudaría a combatir el COVID-19: “INFa2b”. El medicamento también es conocido como Interferón. El proyecto estaría a cargo de la médico María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de Recoleta.
El convenio incluía 180 mil dosis que se les entregaría a las municipalidades de las comunas de Rauco, Coyhaique, Puente Alto y Recoleta, las que formaban parte de la ACHIFARP. Su planificación consistía en dos etapas y tendría un costo cercano a los 250 millones de pesos. El primer hito era la modificación de los laboratorios de la Universidad de Concepción, para la elaboración de cinco mil dosis de pruebas. El segundo, posterior a la autorización sanitaria del Instituto de Salud Pública (ISP), era su producción masiva.
Antes de la firma del convenio, en una sesión a través de Google Meet, los alcaldes Enrique Olivares, Alejandro Huala, Germán Codina y Daniel Jadue, acordaron que serían sus municipios los encargados del financiamiento y que no se involucraría a ACHIFARP. En ella, también estuvo presente Daniel Moraga, secretario ejecutivo.
En su declaración voluntaria ante la PDI, para la Fiscalía Centro Norte, María Eugenia Chadwick explica que fue la encargada de mantener reuniones con los investigadores de la Universidad de Concepción, quienes “ya se encontraban trabajando en un proyecto para producir el Interferón. Es más, estaban tramitando los permisos para la autorización del laboratorio”, asegura.
Un mes después de firmar el convenio, la municipalidad de Recoleta autorizó el traspaso de $25.500.000 a ACHIFARP, bajo el concepto de “Convenio de Colaboración en Proyecto de Desarrollo, suscrito entre la Universidad de Concepción y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular”, dinero que fue entregado a la casa de estudios.
“El alcalde de la comuna de Recoleta Daniel Jadue, fue quien, en reunión de Concejo, solicita los fondos para llevar a cabo el proyecto, el cual contaba con los permisos de creación del laboratorio para la producción del Interferón, conforme lo señaló mi contacto quien estaba a cargo del proyecto en la Universidad de Concepción. Debo señalar que me indicaron que ya estaban las autorizaciones para la producción del prototipo del Interferón”, declaró como testigo María Eugenia Chadwick ante la Policía de Investigaciones.
-PDI: ¿A qué se refiere con el prototipo?
-M.E.Chadwick: Las muestras iniciales que posteriormente deben ser revisadas por el Instituto de Salud Pública.
El 29 de enero de 2021, siete meses después de que ACHIFARP firmara el convenio, recién el ISP autorizó a la Universidad de Concepción los planos que “corresponde a un laboratorio farmacéutico de producción destinado a la fabricación del producto farmacéutico de origen biológico (biotecnológico) Interferón alfa-28 humano recombinante, suspensión de uso nasal con fines de investigación científica y ensayos clínicos”.
A pesar de que la autorización sólo permitía la creación o ampliación de un laboratorio que tenía como objetivo la investigación básica del funcionamiento del medicamento, la Universidad de Concepción elaboró 2.780 unidades de Interferón, de las cuales 1.299 fueron enviadas a la ACHIFARP. Es decir, sin tener la autorización sanitaria, se fabricó, liberó y distribuyó un producto que no contaba con registro sanitario. Tampoco se había aprobado su uso para ensayos clínicos. Hechos que son calificados como infracciones al Código Sanitario.
El 13 de agosto de 2020, diez cajas con dosis de Interferón en su interior —destinadas a la ACHIFARP— fueron guardadas en dependencias del municipio de Recoleta. En esa época, Daniel Moraga ejercía como secretario ejecutivo de la ACHIFARP. Según su declaración a la PDI, las cajas “llegaron a las bodegas de la farmacia de Recoleta, ya que ACHIFARP no contaba con las instalaciones adecuadas para mantener refrigerados y almacenados los productos. Por tanto, la municipalidad de Recoleta, al ser socio de ACHIFARP, se comprometió a su resguardo”.
La encargada de recepcionarlos fue Marianela Cabezón, química farmacéutica del Departamento de Salud de la municipalidad de Recoleta. En su declaración relata que “llegó una camioneta pequeña y cerrada, sin cámara de frío (...) Al abrirla me di cuenta de que venía muy fría. Al revisar el envase secundario (caja), me di cuenta de que el producto debía almacenarse refrigerado y tener control de temperatura en toda la cadena de transporte. Las cajas no tenían ningún tipo de resguardo para transportar medicamentos con control de temperatura, eran unas cajas simples de cartón” declaró Marianela Cabezón.
Al notar la ausencia de la cadena de frío, la química farmacéutica relata que se apresuró a guardar los medicamentos en los refrigeradores de la farmacia, donde también aprovechó de contar las unidades recepcionadas.
“Contabilicé en lotes de 10 unidades, haciendo un total de 1.299. Sin embargo, la guía de despacho de ACHIFARP indicaba que eran 1.300. Por lo que se dejó la constancia en la guía de despacho, dando cuenta de la situación a la Dra. Chadwick, quien me preguntó si estaba segura del conteo, ante lo cual le respondí que sí, no dándome más información ni instrucción al respecto”, agregó Marianela Cabezón.
Posterior a la entrega, María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de Recoleta, visitó la bodega, según su declaración en la PDI.
“El medicamento se encontraba en cajas rotuladas con el nombre de “Pneumoferon”, no recuerdo qué otros detalles. Tampoco recuerdo si el producto tenía fecha de elaboración o vencimiento. Hago presente que ese era el envase con el cual se iba a distribuir”.
-PDI: ¿Cuál era la finalidad de llevar las 1300 dosis de interferón o Pneumoferón desde la Universidad de Concepción a las bodegas de farmacias del Departamento de Salud de la comuna de Recoleta?
-M.E.Chadwick: La finalidad era sólo resguardarlas a la espera de las autorizaciones del ISP, para posteriormente ocuparlas en humanos contra el COVID-19.
-PDI: ¿Sabía usted que las dosis de Interferón o Pneumoferón que estaban almacenadas en las bodegas de la farmacia del Departamento de Salud de Recoleta, serían repartidas a los municipios que participaron del proyecto?
-M.E.Chadwick: Sí, lo sabía. Desconozco cuáles eran los municipios. No recuerdo. No se alcanzaron a entregar, ya que no se contaban con los permisos del Instituto de Salud Pública (ISP).
Después del primer traspaso de $25.500.000, tras firmar con la Universidad de Concepción; ACHIFARP, entre julio y agosto de 2020, transfirió otros 15 millones de pesos, según lo establecido en el convenio para el desarrollo del medicamento Interferón.
Luego, en enero de 2021, la casa de estudio le informó a la asociación de farmacias populares “sobre la necesidad de reevaluar el presupuesto (...), esto dado por una subvaloración del costo de modificación de infraestructura (...). Por lo cual, este hito actualmente presenta un déficit de financiamiento de $53.500.000. Hoy no se identifica solución para esta situación, por lo que la remodelación de la Unidad de Producción se encuentra detenida”.
A pesar de aún no contar con los permisos necesarios del ISP, la ACHIFARP, en marzo de 2021, transfirió $7.500.000 a la Universidad de Concepción, bajo el concepto del convenio. Todos los comprobantes de pagos, a los que tuvo acceso “Reportajes T13”, registran estar autorizados por el alcalde Daniel Jadue, en su calidad de representante y director de la asociación.
Posteriormente, el 30 de abril de ese mismo año, la municipalidad de Recoleta autorizó el traspaso de $204.976.800 pesos a la ACHIFARP “para la adquisición de 180.000 dosis del medicamento Interferón ALFA-2B”. En el registro, se detalla que fue aprobado por el consejo municipal de Recoleta, con votos a favor de seis concejales y el alcalde Daniel Jadue. Sólo dos concejales votaron en contra: Alejandra Muñoz y Mauricio Smok.
Los más de $200 millones de pesos los costeó la municipalidad de Recoleta. El dinero lo recibió la ACHIFARP, sin embargo, la institución no habría transferido el monto a la Universidad de Concepción, según lo que se había estipulado.
Cadena de confianza
Tras su declaración en el debate presidencial para las primarias del pacto Apruebo Dignidad, sobre la creación de Interferón en la Universidad de Concepción, la casa de estudios emitió un comunicado, aclarando los comentarios del alcalde Daniel Jadue.
“Se encuentra en fase de término la Etapa 1 del proyecto, logrando la generación de dosis experimentales para estudios farmacológicos de estabilidad, pureza y eficacia antiviral. Hasta el momento, en el marco de esta investigación, no se han realizado ensayos clínicos".
En esa época, la municipalidad de Recoleta ya había entregado los $204.976.800 pesos a ACHIFARP, pero la Universidad de Concepción todavía no recibía la transferencia. El 3 de enero de 2022, tras una denuncia anónima por “riesgo a la salud pública de la población”, el Instituto de Salud Pública fiscalizó los laboratorios de la universidad.
“El establecimiento no se encuentra autorizado para la fabricación de productos farmacéuticos en investigación, sino que sólo dispone de autorización de instalación y de planos correspondientes. Se recorren instalaciones, constatando que no corresponden a lo autorizado en el plano. Se constató que el producto Interferón Alfa 2B, dispone de nombre de fantasía Pneumoferon-A, es de administración nasal”, detalla el documento del ISP.
Tras la fiscalización, el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), que pertenece al ISP, instruyó como medida sanitaria “la prohibición de la fabricación de productos farmacéuticos de uso humano para investigación y ensayo clínico hasta regularizar su situación sanitaria, presentando la solicitud de funcionamiento del laboratorio ante el Instituto de Salud Pública de Chile”.
También se ordenó la destrucción de las 2.780 unidades de Interferón, “dado que es un producto falsificado, esto debido a que se trata de un producto sin registro sanitario que fue elaborado en un establecimiento no autorizado”.
En relación al tema de las autorizaciones del ISP, María Eugenia Chadwick, exdirectora del Departamento de Salud de Recoleta, declaró en la PDI: “Debo hacer presente que, sólo estaban aprobados los permisos del ISP, sobre la creación del laboratorio, desconociendo si estaban aprobados los permisos de producción. Asimismo, desconozco si el alcalde manejaba esa información”.
-PDI: ¿Quién era la persona que debió haber dado la información de los permisos del ISP al alcalde Daniel Jadue?
-M.E.Chadwick: Yo. Haciendo presente que le informé que sólo estaba autorizada la construcción del laboratorio y la producción de prototipo del fármaco.
-PDI: ¿Usted le dio información que estaba autorizada la producción del fármaco?
-M.E.Chadwick: No recuerdo.
-PDI: ¿Usted tenía conocimiento que el alcalde Daniel Jadue solicitó dineros en el Concejo Municipal para financiar a través de ACHIFARP, el proyecto de Interferón o Pneumoferón con la Universidad de Concepción?
-M.E.Chadwick: Sí, sabía. Desconozco los montos exactos, así como si se cumplió con todos los compromisos de pago, eso era tema de ACHIFARP.
-M.E.Chadwick: “Desconozco si el producto Interferón o Pneumoferon, producido por la Universidad de Concepción, cumplió con los estándares y protocolos adecuados para llegar a ser un medicamento”.
Sobre la eficacia del Interferón, la PDI también le preguntó a la química farmaceútica Marianela Cabezón, del Departamento de Salud de Recoleta. “De acuerdo a mis conocimientos y la normativa vigente, el producto Interferón o Pneumoferon, no cumplió con los estándares y protocolos adecuados, toda vez que, al perder su cadena de frío y no contar con registro sanitario correspondiente, no debería haber llegado a ser usado como medicamento”.
El 17 de diciembre de 2021, ACHIFARP envió todas las unidades de Interferón a la Universidad de Concepción, para que fueran destruidas, siguiendo las instrucciones del ISP. El hecho se concretó el 21 de enero de 2022, por la empresa VEOLIA.
Después de la destrucción de los medicamentos, y tras los cuestionamientos de los gastos de asociación de farmacias, la Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría en las cuentas de ACHIFARP. Por su parte, la Fiscalía inició una investigación, tras la autodenuncia de Best Quality SPA —empresa que ACHIFARP contrató para entregar insumos médicos durante la pandemia—, la que aseguraba que el alcalde Daniel Jadue les pidió un “bono” adicional de insumos que terminaron en la sede del Partido Comunista, en Recoleta.
Luego, en agosto de 2022, tras todos los problemas económicos que presentaba, el 4to Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de los bienes de la ACHIFARP, dejando a Daniel Jadue sin su condición de director.
Por la investigación de cohecho y malversación de caudales públicos, la Fiscalía Centro Norte solicitó la ampliación del alzamiento bancario de algunos integrantes de ACHIFARP. Entre ellos se encuentra Matías Muñoz, quien asumió como secretario ejecutivo de la asociación, en noviembre de 2020, después de que Daniel Moraga renunciara al cargo.
Según informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), obtenidos durante la investigación, Matías Muñoz, mientras ejercía como secretario ejecutivo de ACHIFARP, habría recibido más de 100 millones de pesos —en su cuenta bancaria y en la de su pareja—, a través de pagos de servicios que sus propias empresas realizaban a la asociación.
Además, entre los argumentos presentado por la Fiscalía al tribunal, se especificó que, en los gastos realizados desde la cuenta corriente de ACHIFARP, “se advierten más de 929 millones de pesos que fueron detallados con la glosa ‘Cargo’, sin que se disponga de mayores antecedentes que permitan conocer el destino dado a esos fondos”.
También se detalló sobre los ingresos que recibió la ACHIFARP. “Se registraron abonos por más de dos mil millones de pesos, correspondientes en su mayoría a cheques y transferencias giradas desde cuentas pertenecientes a diversos municipios y corporaciones municipales, destacando entre ellas la I. Municipalidad de Recoleta, que abonó 368 millones de pesos”.
En esos traspasos realizados por la municipalidad de Recoleta, se encontrarían los $204.976.800 que recibió ACHIFARP, para la producción del medicamento, dinero que no habría sido transferido a la Universidad de Concepción. Una arista que también está siendo investigada por la fiscalía.
En relación a los procesos relacionados al medicamento Interferón, a través de una declaración a la fiscalía, Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de ACHIFARP, solo declaró que: “yo nunca pude haber pedido nada sin la contraparte técnica, que era María Eugenia Chadwick, por lo que indiqué, fue en base a lo que me informaba”.
El 15 de noviembre del año pasado, Daniel Jadue se presentó voluntariamente al Centro de Justicia a entregar su declaración. En ella, abordó algunos temas sobre otros gastos y transferencias, relacionadas a la ACHIFARP.
Sobre el convenio firmado con la Universidad de Concepción y el avance de investigación del Interferón, el alcalde Jadue declaró que “María Eugenia Chadwick, estaba en contacto permanente con la gente de la Universidad y la iban poniendo al tanto de los avances, donde ella nunca me contó el estado del avance del estudio del Interferón, como tampoco el secretario ejecutivo de esa época, Matías Muñoz, nunca tuve conversación con él sobre el estado de avance de dicho antiviral”.
“Debo señalar que, en esos momentos, me encontraba solo en la municipalidad, solo con 10 funcionarios más o menos, haciendo presente que no reviso la totalidad de documentación que debo firmar, por la que hago fe por la cadena de confianza que mantengo con los funcionarios encargados de visar los actos administrativos”.
“En abril de 2021, el secretario ejecutivo (Matías Muñoz), nos envío una breve carta dando cuenta de los avances del Convenio con la Universidad de Concepción y de la obtención del
permiso del ISP para los planos del laboratorio para la producción del medicamento (...) Esa carta, como es habitual, no la leí. Solo tenía conocimiento que existía, fue derivada a la administradora municipal”.
“Yo, al igual que todos los concejales, me corresponde votar en el concejo. De igual forma, hago presente que tampoco conocía los hitos de dicho convenio, debido a que no leo lo que firmo. Por eso existe una cadena o un grupo de personas que lee y revisan la totalidad de convenios y documentos que llegan, como la Dirección Jurídica y la Dirección de Control, quienes finalmente me hacen una minuta de lo que ellos revisan. Yo no tuve ningún otra información extra sobre el estudio del Interferón”.
El mismo día de la declaración de Daniel Jadue, el exsecretario ejecutivo de ACHIFARP, Daniel Moraga, también declaró por el caso del medicamento. A pesar de haber terminado, en noviembre de 2020, su contrato en la asociación, aseguró que después mantuvo contacto con Matías Muñoz, “ya que lo seguía guiando en ciertos proyectos que se mantenían”, entre ellos, el de Interferón.
En sus declaraciones, a Jadue y Moraga se les preguntó sobre los conocimientos que tenían de la producción del Interferón y posterior almacenamiento en la municipalidad de Recoleta, sin la autorización del ISP.
-D.Moraga: “Jadue sabía que no había autorización para confeccionar el Interferón. A cargo de este proyecto quedó Matías Muñoz. Todos sabíamos que no estaba autorizada la producción de Interferón (...) Eso lo sabía Daniel Jadue, él siempre tuvo toda esa información. Incluso, en redes sociales hay reportajes”.
-D.Moraga: “Estas llegaron con tres fines (las cajas de Interferón a las bodegas de la municipalidad de Recoleta). El primero: para prueba de concepto o estudio de maqueta, lo cual no se realizó. Segundo: pruebas físico químicas y biológicas. Tercero: ver si se podía gestionar una logística para poder mover estas dosis”.
-D.Jadue: “Cuando llega la auditoria de la Contraloría, sólo en ese momento, tomé conocimiento que no estaban los permisos para la producción de Interferón. Ahí tomo conciencia concreta sobre esto, pues, antes, constantemente iba preguntando cómo iba el avance, haciendo presente que nunca hablé antes sobre esto con Matías Muñoz ni con María Eugenia Chadwick”.
También fueron interrogados por el traspaso de los $204.976.800, desde la municipalidad de Recoleta a ACHIFARP, destinado a la producción de 180 mil dosis de Interferón, con la Universidad de Concepción.
-D.Moraga: “Sobre el dinero que se solicitó a los municipios para el Interferón, creo que le ayudé a Matías (Muñoz) para redactar la carta al municipio de Recoleta, pero no sé qué en proceso se encontraba el proyecto”.
-D.Jadue: “A la luz de la carpeta de investigación, recién conocí en detalle el convenio de la ACHIFARP y la Universidad, y me doy cuenta que hay una inconsistencia en la minuta en que se aprobó la segunda cuota de los 200 millones, y no correspondía el pago porque no estaban autorizados. Me llama también la atención la Carta de la Asociación, y que Jurídico y Control haya visado el pago”.
-D.Jadue: “No pedí cuenta ni a Muñoz ni a Chadwick sobre la fabricación de las dosis, porque no era mi función. No sé por qué Muñoz y Chadwick entregan una información errónea, creo que puede ser por error y cansancio, a raíz de la pandemia. No mantengo explicación por qué Matías Muñoz no entregó la plata de la segunda cuota (los $204.976.800) a la universidad”.
