La Corte de Apelaciones de La Serena acogió este viernes el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución del Juzgado de Garantía de Ovalle, y ordenó la prisión preventiva para 22 imputados por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Ilícitos perpetrados desde 2019, en la mencionada comuna.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada revocó la resolución original que estableció la necesidad de cautela por peligro de fuga con una caución de $2.000.000 para cada imputado, y ordenó la prisión preventiva por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Que, en cuanto al fondo del recurso, atendido el mérito de los antecedentes y que el señor juez a quo concluyó en la audiencia de control de detención que existen presunciones fundadas sobre de la existencia del delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley Nº 20.000 y sobre la participación dando por sentado, además, que concurren los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto de todos estos decretando la medida cautelar de prisión preventiva la que sustituyó por una caución, al estimar este que la libertad de los imputados constituía peligro de fuga, resolución que solo fue apelada por el Ministerio Público, en este último sentido, adhiriéndose la parte querellante, estos sentenciadores estiman que conforme a la competencia atribuida como tribunal revisor, se referirá solo a este aspecto”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “(…) atendida la pena asignada al delito, el carácter pluriofensivo del ilícito en relación con el bien jurídico protegido -salud pública-, que se actuó en grupo o pandilla, se estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que no concurren los presupuestos del artículo 146 del Código Procesal Penal motivo por el cual se revoca, en lo apelado, la resolución de 29 de agosto del año en curso y, con ello se deja sin efecto la caución establecida”.
Así lo explicó el ministro Cristián Álvarez Mercado, quien señaló que “el delito por el cual fueron formalizados los imputados, entre otros el delito del tráfico de droga, que en su oportunidad fue establecido por el juez de garantía de Ovalle, determina la hipótesis que permite establecer la medida cautelar de prisión preventiva bajo la modalidad de peligro para la seguridad de la sociedad, atendido la gravedad de la pena asignada por ley al delito, el carácter del mismo, las circunstancias de haber obrado en grupo o pandilla, lo que inequívocamente determina que bajo esas circunstancias, que concurren en este caso, permiten establecer la modalidad en la forma que lo ha establecido esta Corte”.
Asimismo, el tribunal de alzada respecto a una de las imputadas estableció la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, “por presentar un avanzando estado de embarazo y presenta problemas de salud derivados del mismo, lo que consta porque debió ser trasladada al Hospital de Ovalle cuando estuvo detenida, por lo que se estima que otras medidas cautelares pueden asegurar los fines del procedimiento como la integridad de quien está por nacer (…) En el marco de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros, se deben elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de otras personas”.
Según el ente persecutor, desde julio de 2019, los imputados , con el objetivo de cultivar, procesar y traficar marihuana; además de poseer y almacenar armas de fuego y municiones. Para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido con el tráfico ilícito de droga, la entidad, que contaba con una estructura jerarquizada, con células dependientes y con roles definidos, adquirió diversos bienes.
El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, comuna de Ovalle, la policía incautó 1.663 kilos de marihuana, lográndose el 26 de agosto la detención de los 23 imputados.
