Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el acuerdo de suspensión condicional del precidimiento que dejó sin penas de cárcel a los imputados por el caso Tsunami.
El escrito fue revisado a comienzos de esta semana a solicitud de los familiares de las víctimas de la fallida alarma de maremoto ocurrida el 27 de febrero de 2010.
El acuerdo al que llegó el 7 de abril pasado la fiscalía con los imputados, comprometía el pago de 2 millones de pesos para cada familia de las víctimas y dejaba sin sanción penal a quienes fueron acusados de haber dado la alerta fallida de Tsunami el 27 de febrero de 2010, y que le costó la vida a 104 personas.
Los imputados son el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de alerta temprana de este organismo, Joziael Jamett, y los ex miembros del SHOA, los marinos Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina.
