La Contraloría General de la República (CGR) desveló una serie de graves irregularidades en los controles realizados por la Dirección Regional de Aduanas Metropolitana en la zona primaria del Aeropuerto de Santiago.
En el informe final N° 535/2024, la Contraloría estableció que el Subdepartamento de Ingreso de Mercancías no dispone de un escáner para realizar la revisión de éstas, efectuando los exámenes de manera visual, lo que podría favorecer el ingreso de mercancías ilícitas al país. También de drogas o armas.
El informe, según expone la Contraloría en su sitio oficial, también constató que a pesar de que entre 2019 y 2023 hubo un incremento en las operaciones de ingresos de mercancía, no se reflejó un aumento en la dotación de personal destinado al cumplimiento de estas funciones.
De hecho, en 2023 la fiscalización de las internaciones alcanzó sólo un 0,059%, equivalentes a 4.081 documentos tramitados, de un total 6.823.515.
También se informó que algunos despachadores, unos en ocasiones y otros en forma reiterada, no permiten la revisión de mercancía. Sin embargo, la autoridad no ha cursado las multas ni sanciones que corresponderían de acuerdo con la Ordenanza de Aduanas.
Otro aspecto que advierte el informe es la existencia de agentes de aduanas que, reiteradamente, gestionaron importaciones en las cuales se notificaron infracciones por incumplimiento reglamentario y contrabando, sin recibir multas, sanciones, suspensiones o medidas disciplinarias.
En tanto, en las fiscalizaciones de operaciones sospechosas de mercancías ilegales, como armas y municiones, no queda constancia documentada de la asistencia y apoyo técnico de un armero especialista de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), según determinó la auditoría de Contraloría.
Por todas estas irregularidades, la Contraloría ordenó a la Aduana Metropolitana acreditar el avance de las gestiones para la adquisición e implementación de un nuevo equipo de rayos X.
Asimismo, deberá aportar los antecedentes de los casos denunciados e ingresar la aplicación de multas e implementar formalmente los procedimientos de control que permitan que estos hechos no se repitan.
