Jaime Pinochet y Pablo Cádiz
A inicios de febrero el Consejo de Defensa del Estado estampó una querella ante el 8° juzgado de garantía en el marco de la investigación por presunta corrupción al interior de la Junaeb.
El caso estalló a fines de diciembre, luego que el programa Contacto de Canal 13 revelara irregularidades como el pago de $5 mil millones en sobreprecio en contratos con empresas externas para implementar el programa de alimentación escolar y de párvulos (PAE/PAP), destinado a niños y adolescentes más vulnerables del país. Por otro lado, el reportaje incluyó una denuncia de supuestas comisiones para ganar las licitaciones.
La investigación de Contacto motivó la creación de proceso de modernización de la Junaeb, así como una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Uno de los querellados es José Miguel Serrano Silva, quien se desempeñó como secretario general de la Junaeb desde junio de 2014 a fines de 2015, y quien en cuyo cargo debía dirigir todos los procesos de licitación y contratación de servicios que realizaba la Junaeb con empresas externas para implementar el programa de alimentación escolar y de párvulos (PAE/PAP).
El CDE lo acusa de fraude al fisco, argumentado que “durante el periodo de su mandato y abusando de su cargo, intervino en la asignación de unidades territoriales, revocando un proceso concursal ya iniciado, declarando desierta una segunda licitación, para fraudulentamente generar un trato directo que beneficiara a las empresas Verfrutti S.A. y Henday S.A”.
“El objetivo era que ambas sociedades se adjudicaran las unidades territoriales que dejaba vacantes las empresa Ferbas S.A. a pesar de tratarse de propuestas más costosas para el Estado”, señala la querella a la que accedió en exclusiva T13.
Para estos efectos Serrano habría intervenido “ejerciendo presiones sobre sus subalternos” tendientes a que se prefiriera a las firmas antes mencionadas. Esto pese a que diversos funcionarios técnicos del servicio le habrían hecho ver que la nueva propuesta resultaba más costosa. El monto de dichos contratos alcanzó un valor de $25.433.824172, lo que según el libelo excede el presupuesto pronosticado para estos servicios de $16.791.496.000, y que fue el mismo argumento que se utilizó para declarar desierto el proceso anterior.
Según el CDE, “dicha maniobra fraudulenta” habría generado un perjuicio fiscal cercano a los $5 mil millones si se considera la duración de los contratos ($2 mil 500 millones cada año).
Por otro lado el CDE se querella por el delito de negociación incompatible contra Sebastián Pérez Torrejón, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Asesoría Técnica de la Junaeb entre noviembre de 2012 y el 5 mayo de 2015, fecha en que presentó su renuncia voluntaria al cargo.
Pérez intervino activamente en la elaboración de las bases administrativas y técnicas y anexos de la licitación ID 85-10-LP14, formando parte de la comisión que realizó la evaluación técnica y económica de las ofertas para servicios que realizaba la Junaeb a través de empresas externas para proveer de alimentos a niños y adolescentes vulnerables. Fue en el marco de este proceso que la empresa Alicopsa S.A -la cual es filial de la empresa Conservadora Pentzke S.A- se adjudicó las unidades territoriales 504,505 y 513 de las regiones Metropolitana y Valparaíso, por un total de $82.404.608.000, para un periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2018.
La presunta negociación incompatible radica en que Pérez percibió honorarios durante 2008 y luego entre 2011 y 2013 por parte de la empresa Pentzke S.A. (empresa matriz de Alicopsa S.A.). Incluso durante junio de 2013 recibió honorarios por $2.769.397 por servicios de la misma empresa, siendo que era funcionario de la Junaeb.
El CDE señala que “sin perjuicio de no tratarse de las mismas empresas, el querellante no pudo menos que saber que se trataba del mismo consorcio de empresas, ya que dentro de los antecedentes requeridos en la licitación debían acompañarse aquellos que acreditaran las capacidad económica y el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases de la licitación, no solo de las filiales sino que de cada una de las empresas que eran parte de la matriz o el consorcio”.
El Consejo sostiene que resulta “indiscutible” el vínculo laboral previo de Pérez con la firma, ante lo cual “carecía de total imparcialidad para participar en la toma de decisiones de la licitación ID 85-10-LP14 por tener vínculos estables y anteriores con una de las empresas que participaba en este proceso licitatorio”.
“El bien protegido en este delito es la función administrativa, cuyo correcto desempeño exige que se respeten los principios de objetividad, imparcialidad y honestidad en las relaciones con los particulares, todos los cuales han sido violentados por el querellado Pérez Torrejón, producto de su doble contratación en la Junaeb y la empresa para la que prestaba servicios”, dice la querella al fundamentar la eventual negociación incompatible.
CDE pide nuevas diligencias
Junto con interponer la querella el CDE solicita al 8° Juzgado de Garantía de Santiago que la Junaeb remita una serie de documentos vinculados a la investigación, como las copias de los antecedentes relativos al proceso de licitación.
Por otro lado se pide que el SII envíe la copia de las boletas a honorarios remitidas por Pérez Torrejón durante desde 2012 a 2015 y que se cite a declarar a los dueños de la empresa Verfrutti para declarar sobre los vínculos con Serrano, así como a José Miguel Cumsille, ex asesor de la empresa Sercomaule, quien en el reportaje de Canal 13 acusó un presunto pago de coimas para ganar las licitaciones.
También se solicita pedir la comparecencia de María Elena Escobar, esposa del director de Verfrutti "para que declare sobre su relación con José Miguel Serrano Silva y con Carlos Tudela García", este último hijo del ex embajador en Singapur, Carlos Tudela Aroca, militante DC.
