El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió perseguir la responsabilidad penal de la empresa SQM en el marco de la investigación de la llamada "arista Royalty" del caso SQM, en la cual se investiga un presunto cohecho desde la minera hacia el entonces senador de la UDI, Pablo Longueira durante la tramitación de esa ley.
De acuerdo a La Tercera, la semana pasada el CDE amplió la querella presentada en el 8º Juzgado de Garantía e imputó responsabilidad penal a la persona jurídica de la empresa. Tal como lo hizo en otras causas como Penta o Corpesca.
En caso de llegar a una condena, la minera se expone a multas millonarias o su disolución, además de la pérdida de ciertos beneficios o la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado.
De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, Longueira recibió $681 millones provenientes de la minera entre los años 2009 y 2013 a través de boletas ideológicamente faltas y aportes a las fundaciones ligadas al también ex ministro de Economía, como también a través de vínculos familiares o de "lealtad".
De acuerdo al Ministerio Público, los pagos de SQM "estuvieron destinados a influir en el imputado, y lo determinaron en su calidad de senador de la República, a gestionar actos políticos y legislativos" en el marco de la tramitación del artículo 4° transitorio de la ley del Royalty, que permitió a SQM acceder a contratos de invariabilidad tributaria con el Estado.
Por este motivo, Longueira y el ex gerente de la empresa, Patricio Contesse, fueron formalizados el 22 de junio pasado. Desde ese día se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El próximo miércoles 21, en tanto, el tribunal revisará una posible rebaja en la medida precautoria.
