El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y contra Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, en el marco del denominado Caso Convenios.
La acción del CDE, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se da a raíz de antecedentes que han recabado y que dan cuenta de una serie de ilícitos por parte del exseremi, a quien apuntan de no considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos o la revisión técnica de antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) encargados en la región y, aún así, iniciar directamente un proceso de selección de entidades receptoras y la distribución de los recursos.
En ese contexto, Carlos Contreras es apuntado de haber procedido sin involucrar a otras autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando a la probidad gravemente y perjudicando el interés público fiscal.
Siguiendo esa línea, el CDE apuntó en la querella que se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, con quien el exseremi Carlos Contreras sostenía un vínculo de público conocimiento, causando un perjuicio fiscal de al menos $391.768.516.
"Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco", comentó el presidente del CDE Raúl Letelier.
Y añadió que "la querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal".
