La ministra de Justicia, Javiera Blanco, informó este martes que el gobierno, a través del programa de Derechos Humanos, se hará parte de la apelación contra los beneficios carcelarios entregados ayer a uno de los condenados por el asesinato de Manuel Guerrero, Manuel Parada y Santiago Natino, ocurrido en 1985, y que se conoce como el Caso Degollados.
Esto luego que ayer la 8° sala de la Corte de Apelaciones otorgara libertad condicional a los agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Miguel Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones. Contra este último se enfocará la apelación.
"Siempre hemos dicho que nosotros no comentamos las resoluciones judiciales, otra cosa es que a través de un programa hagamos una apelación. Y para la apelación hay antecedentes", dijo la ministra.
La secretaria de Estado remarcó que "hoy día no sólo nos hacemos parte de esta apelación, sino que además tomamos el compromiso especial de avanzar en estas y otras materias, donde tenemos desafíos".
En este sentido, detalló que el próximo proyecto que va a tramitar la Comisión de Constitución del Senado es el que establece el carácter de imprescriptible o no amnistía en delitos de lesa humanidad.
El secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Francisco Ugás, explicó que el recurso ante la Corte Suprema busca que no se otorgue la libertad condicional a Sáez Mardones, quien fue condenado a presidio perpetuo simple.
Ugás remarcó que, de acuerdo al derecho internacional, "estos crímenes deben ser sancionados y deben ser sancionados con sanciones que sean justas y proporcionadas de acuerdo a los delitos que se han cometido".
Junto con esto se citará el informe psicológico de Sáez "que da cuenta que no hay una adecuación de este sujeto a las normas de comportamiento de una sociedad y que no hay arrepentimiento de él a propósito de los hechos que ha cometido".
Otro de los argumentos será que "el organismo competente para pronunciarse es la comisión especial para la libertad condicional, no precisamente la Corte de Apelaciones".
En representación de los familiares, Manuel Guerrero hijo agradeció el respaldo del gobierno: "Nosotros exigimos justicia, nada más ni nada menos. El fallo de la Corte de Apelaciones que ordena la libertad condicional, que sería la primera libertad condicional en casos de DD.HH es irregular a la propia legislación que exige que el informe psicológico esté en orden".
Los familiares de Guerrero, Parada y Natino advierten que de no prosperar la acción frente a la Corte de Apelaciones recurrirán a instancias internacionales.
