Un total de 102 pensiones por sobre el tope legal de 60 UF (1,6 millones de pesos) detectó la Contraloría tras realizar una revisión de pagos realizados en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). Esto durante un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de diciembre de 2016, en una revisión que involucró también a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Pagos que involucran un monto total mensual de $ 200.533.326.
Del total de pensiones cuestionadas, 90 corresponden a profesionales afectos a la Escala Única de Sueldos y asimilados a la ley N° 15.076; otros 9 casos categorizados bajo el título de "Civiles No FF.AA", cuyos expedientes se encontraban con calidad de profesionales contratados bajo esa misma Escala, y 3 clasificados como "Uniformados" asociados a una actividad acogida a la ley N° 15.076.
Una situación que derivó en casos de personas que recibieron una doble pensión tras su traspaso de Capredena a Dipreca. En uno de los ejemplos citados, hay un pago "irregular" de 276 millones de pesos. Es por ello que estos datos serán remitidos al CDE para que ejerza las acciones pertinentes.
El problema -según la Contraloría- radica en la falta de acciones para controlar o asegurar que las pensiones originales hayan cesado, como consecuencia de las nuevas pensiones. A esto se suma que no existirían instancias formales de coordinación entre Dipreca y Capredena.
A esto se suman 6 casos de ex empleados del Instituto Nacional de Deportes, cuyas remuneraciones fueron incrementadas en un período cercano a la fecha de retiro del servicio, implicando modificaciones de hasta 7 grados de la E.U.S, lo que podría constituir delitos, a ojos del órgano contralor.
Otro caso citado es el de 4 personas que fueron recontratadas en instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, como la Armada y la DGAC, "con incompatibilidad de acceder a ese vínculo, por cuanto eran beneficiarias de pensiones de retiro por inutilidad de segunda clase".
Frente a estas y otras irregularidades citadas en el informe, detalla la Contraloría, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá remitir el resultado de un análisis sobre los casos en un plazo de 60 días hábiles.
El informe completo se puede revisar en este enlace.
