En las últimas sesiones de la comisión de Trabajo del Senado, en donde se discute el proyecto de adelantar el prenatal, y alargar el postnatal durante el tiempo que dure el estado de excepción, la ministra María José Zaldívar se ha dedicado a explicar por qué en su opinión el proyecto sería regresivo y poco favorable para las mujeres. Con cifras en la mano, la titular de Trabajo ha intentado disuadir a parlamentarios de oposición e incluso de gobierno, respecto a modificar la iniciativa que fue aprobada en la Cámara, y que según el Ejecutivo implicaría un costo de $ 83 mil millones, unos US$ 110 millones de dólares, considerando los primeros tres meses en que Chile ha permanecido en este estado particular de catástrofe, si bien la suma sería mucho más abultada, si éste se extiende.
Más allá de la discusión que se ha generado durante los últimos días –si es constitucional o no que los parlamentarios impulsen esta iniciativa, que tuvo en el ojo del huracán a la propia presidenta del Senado Adriana Muñoz, quien señaló “estar dispuesta a cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”-, según Zaldívar la propuesta es derechamente regresiva. ¿La razón? De las 22.954 mujeres que hoy se encuentran en postnatal, el 21% son mujeres que ganan $350 mil pesos o menos, y ese porcentaje sólo se llevaría el 8% del total de recursos comprometidos, si bien las mujeres cuyas remuneraciones son mayores a $2 millones -sólo un 8% de las mujeres en posnatal y las que tienen los mayores ingresos de la población-, recibirían el 22% de los dineros, porque éste se paga conforme al monto de sueldo que recibe cada persona.
Además, según una minuta a la que tuvo acceso T13.CL en Chile nacen cerca de 22 mil niños al mes, y sólo 6500 mujeres tienen derecho a un postnatal, por lo que éste sería un proyecto para un grupo muy limitado, y que deja fuera a una buena parte de las personas, muchas de las cuales son las que necesitan con más urgencia esos recursos y quedarse en casa.
La ofensiva
Un tema que ha causado debate es que en opinión de Trabajo el proyecto genera otro tipo de problemas, porque al ser un derecho irrenunciable, exigiría que todas las mujeres prolonguen su postnatal, incluso las que quieren volver a sus puestos de trabajo o teletrabajar, argumento que es rebatido por varios parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil, que consideran que en esa etapa nadie quiere dejar a sus guaguas en casa, y que al final darles una alternativa es una cosa de humanidad.
“La pregunta es si las madres con hijos menores -de 2, 3 o 5 años-, no experimentan una situación similar a las que viven quienes tienen a lactantes. Todos ellos tienen dificultades para salir a trabajar sin que las salas cunas, jardines, y colegios estén funcionando. Por eso la solución tiene que ser sin distinción”, explican en Palacio.
Esa es la mirada que ha intentado instalar la ministra del Trabajo: que la fórmula tiene que ir orientada a un grupo muchísimo más amplio de mujeres, y de hombres, cuando son ellos quienes asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos. Y por lo mismo plantea, entre otras cosas, que las personas puedan acogerse a la Ley de Protección del Empleo, que hoy sólo rige para las empresas.
Desde la oposición, sin embargo, plantean que a diferencia de una eventual suspensión de contrato –en la que recibes sólo una parte de los ingresos-, con una extensión del postnatal, las personas con sueldos bajo el tope imponible acceden a la totalidad de su remuneración, lo que es una gran ayuda en estos momentos críticos.
Asegurar un piso
Como los parlamentarios de oposición saben que requieren del patrocinio del gobierno para insistir con su arremetida, han surgido en el debate nuevas ideas.
Una de ellas, la que planteó la senadora Carolina Goic de crear una licencia preventiva covid para niños menores de un año, algo que Trabajo se comprometió a analizar con el ministerio de Salud y Fonasa, si bien insisten en su plan: disuadir a las empresas para que prioricen a este grupo cuando elijan quienes de sus empleados hacen teletrabajo, un proceso que sería supervigilado por la Dirección del Trabajo; y en segundo lugar, que las propias personas puedan congelar sus contratos -aunque sus empleadores no se hayan adscrito a la norma-, que se mantengan sus cotizaciones, y que así puedan echar mano a su seguro de cesantía, con el compromiso del gobierno de que las personas no reciban nunca menos del 50% de sus ingresos, para lo cual el Ejecutivo engrosaría el fondo, cuestión que debería quedar establecido en el plan de emergencia.
