-Unos 7 millones de venezolanos abandonado el país con Maduro en el poder en la última década, lo que para el régimen alivia la carga de un Estado golpeado por una profunda crisis y reduce la población opositora. ¿Qué implica su reelección en términos migratorios en la región?
-El fraude electoral en Venezuela ha generado un ambiente de inestabilidad política y económica que desencadenará una nueva ola migratoria hacia Chile. La situación en Venezuela es de desesperación. Esta nueva oleada migratoria ejercerá una presión significativa sobre nuestras regiones y comunas, afectando el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, además de sobrecargar nuestro sistema carcelario.
-¿Por qué esta vez será distinto a otras elecciones en que ha triunfado Maduro?
-Esta situación no es nueva para nosotros; ya la vivimos en situaciones anteriores, pero ahora la crisis puede ser aún más aguda, dado que en Chile es muy fácil ingresar sin visa, trabajar sin autorización, y el gobierno promete, a través de su política migratoria, una visa a quien ingresó clandestinamente y obtiene un contrato de trabajo.
-¿La administración Boric requerirá adoptar nuevas medidas para controlar este nuevo escenario que describes?
-Lamentablemente, el gobierno ha sido bastante indolente con el ingreso clandestino de más de 110 mil personas desde 2022, lo que es superior a los 50 años anteriores sumados. Además, se niega a devolver a aquellos que ingresan ilegalmente desde Bolivia, salvo los propios bolivianos. Esta postura autocomplaciente y la falta de medidas efectivas para controlar la migración y establecer un flujo ordenado y responsable están llevando a una situación crítica sin retorno. El enfoque actual ha sido más reactivo que proactivo, lo que solo agrava los problemas existentes. Varias autoridades han manifestado que no creen que el problema electoral en Venezuela afecte a Chile, mostrando más preocupación por limitar el derecho a voto que por gestionar la migración.
-¿Qué iniciativas específicas propones para abordar esta crisis?
-Es esencial que el gobierno abandone su ideología pro-migración sin control y se prepare adecuadamente para afrontar esta posible crisis. Hay varias medidas concretas, que no requieren nuevas leyes ni reformas tributarias, evitando así la excusa tradicional del Ejecutivo. Primero, se debe permitir la reconducción a Bolivia de todos los extranjeros que ingresen ilegalmente, lo que requiere una colaboración más estricta y efectiva con las autoridades bolivianas. Segundo, se debe expulsar a los extranjeros condenados para que cumplan su pena completa en su país de origen. Actualmente, hay 8.481 presos extranjeros en Chile, la gran mayoría de países que han firmado el Convenio de Estrasburgo de 1998, lo que facilita estas transferencias. Tercero, aumentar las expulsiones de quienes ingresan ilegalmente a nuestro país.
-¿Cómo disuadir la migración ilegal en Chile?
-Es crucial no entregar visas a extranjeros que ingresaron ilegalmente, ya que esto solo fomenta más ingresos irregulares, y es necesario implementar proyectos de rejas o infraestructura física y tecnológica, como drones, para impedir el ingreso ilegal, especialmente en la región de Tarapacá. Y, claro, se debe sancionar fuertemente a quienes contratan a extranjeros que no están autorizados para trabajar. Estas medidas no solo disuadirán la migración ilegal, sino que también protegerán los derechos laborales de los migrantes y los trabajadores chilenos.
-¿El problema es de gestión, de voluntad política?
-Implementar estas medidas permitirá recuperar el control de nuestras ciudades, combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y retomar la seguridad en Chile. La migración irregular, si no se maneja adecuadamente, puede desbordar nuestros recursos y servicios públicos, fomentando actividades ilegales. Estas medidas mencionadas anteriormente son principalmente administrativas y de gestión, por lo que no se necesitan nuevas leyes ni reformas tributarias, sino una voluntad y capacidad de tomarse el tema en serio y defender a chilenos y extranjeros residentes legales. La seguridad y estabilidad de nuestro país deben ser la prioridad, y estas medidas son pasos necesarios en esa dirección.
-¿Qué tan preparados estamos para una nueva ola migratoria desde Venezuela?
-El gobierno está preparando una regularización para los 182 mil extranjeros que ingresaron clandestinamente a Chile y que participaron en el registro biométrico. El relato oficial presenta la regularización como el único camino viable. Sin embargo, considero que una regularización de este tipo es una mala política pública, ya que incentiva a los migrantes a ingresar ilegalmente con la expectativa de recibir una visa posteriormente. Esto mina el respeto por nuestras leyes y crea un precedente peligroso.
Además, se estima que más de 150 mil extranjeros trabajan sin autorización y sin un control adecuado de sus antecedentes penales, lo cual es extremadamente preocupante y plantea serios desafíos de fiscalización. Es imperativo aumentar las sanciones a los empleadores que incurren en esta práctica, ya que promueve el trabajo ilegal y vulnera los derechos laborales. Históricamente, la izquierda ha promovido la idea de otorgar visas a todos los extranjeros que quieran venir, independientemente de si ingresaron ilegalmente o como turistas. Además, ha dificultado el avance de la ley de migraciones y ha tratado de evitar las expulsiones. Por tanto, no tiene sentido culpar a la administración anterior cuando su ideología actual sigue favoreciendo una migración sin control.
-En el caso de Maickel Rodríguez, uno de los presuntos asesinos del ex teniente Ronald Ojeda, el Servicio de Migraciones le entregó un permiso de trabajo un mes después del crimen. ¿Qué representa en términos de fallas del sistema?
-Recientemente se ha revelado que uno de los asesinos y secuestradores de Ronald Ojeda tuvo su residencia definitiva procesada e ingresada a trámite después de tener una alerta de Interpol. Este caso ilustra las fallas en el sistema y la necesidad urgente de una reforma en la visión sobre el manejo migratorio y en la capacidad del gobierno para gestionar adecuadamente una potencial nueva ola migratoria.
A su vez, los datos de ingresos clandestinos son alarmantes: desde 2022, más de 110 mil extranjeros han ingresado ilegalmente a nuestro país. A su vez, las expulsiones al año no alcanzan las 1.000, por lo que hablar de control fronterizo es, por decir lo menos, optimista.
