El Senado boliviano afina una ley de convocatoria a nuevos comicios generales y para la elección de autoridades del organismo electoral, un paso esencial para pacificar el país, inmerso en protestas políticas con enfrentamientos que en un mes han dejado 32 muertos.
Una comisión de la Cámara alta se encuentra en la fase final para concertar esta ley, que podría aprobar en las próximas horas.
"Esperamos terminar este viernes el trabajo de comisión y presentar (el proyecto) a la plenaria en el Senado", afirmó la noche del jueves el senador oficialista y presidente de una comisión interpartidaria Oscar Ortiz.
Tras su aprobación en el Senado, la ley deberá pasar a Diputados y luego, en un último paso, ser remitida al Poder Ejecutivo para su sanción constitucional.
Pero la comisión de parlamentarios oficialistas y del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, aún no logra acordar cuándo llamar a elecciones ni si del proceso podrá participar el exgobernante, asilado en México desde el 10 de noviembre.
Sí hay acuerdo en renovar la totalidad de los siete ministros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la detención de sus autoridades por delitos electorales.
Ortiz considera que ni Morales ni su vicepresidente Álvaro García, también asilado en México, pueden participar de los comicios, porque la Constitución sólo permite una sola reelección, ya cumplida por ambos.
Luego de 13 años en el poder, Morales buscó un nuevo mandato en las elecciones del 20 de octubre. Pero tras un triunfo cuestionado, con denuncias de fraude que encendieron las calles, el exgobernante aymara terminó renunciando el 10 de noviembre bajo presión de los militares.
Violencia social
Mientras los parlamentarios trabajan en una ley, la tensión sigue en la ciudad de El Alto -vecina de La Paz-, donde el martes se registraron ocho muertos tras un operativo policial-militar para sacar gasolina de una planta de combustibles cuyo acceso estaba bloqueado por los locales.
El Ejército se mantiene en alerta luego de que miles de manifestantes de El Alto, leales a Morales, marcharon el jueves hasta La Paz con los ataúdes de cinco de sus ocho muertos.
Los dolientes clamaron "¡justicia, justicia!" en su caminata de 15 kilómetros, mientras agitaban la bandera 'whipala', símbolo multicolor de los pueblos originarios bolivianos.
La policía los dispersó con gases lacrimógenos cuando trataron de colocar uno de los féretros sobre una tanqueta militar. Unas 20 personas fueron detenidas, constató la AFP.
Asimismo, en seis de los nueve departamentos del país se registran bloqueos de carreteras contra la presidenta interina Jeanine Añez, quien se juramentó aduciendo el abandono de Morales a su cargo.
Esto ha provocado una fuerte escasez de alimentos. En La Paz, por ejemplo, se pueden observar desde la última semana largas filas en los mercados de abasto así como en las gasolineras.
Protesta contra México
Los conflictos en Bolivia han motivado que el gobierno interino dirija sus dardos hacia México, donde Morales está asilado.
La Paz está furiosa con la administración de Andrés Manuel López Obrador por permitirle al exjefe de Estado efectuar declaraciones que a su juicio evidencian una "actividad conspirativa" contra el gobierno provisorio de la derechista Añez.
Por esta razón, la cancillería presentó el jueves "su protesta formal ante el Estado de México por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político".
Morales ha sido acusado por el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, de instigar el cerco a las ciudades y cortar la distribución de alimentos.
Murillo mostró un video en el que supuestamente se escucha hablar a Morales con un líder cocalero brindando instrucciones para ese fin.
El exgobernante, quien se autonombró como "presidente en el exilio" mientras el Parlamento no apruebe oficialmente su renuncia, calificó las denuncias como un montaje con el fin de enjuiciarlo en algún tribunal internacional.
