El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes ante más de 300 alcaldes una ley urgente para acelerar las reparaciones de miles de comercios y edificios dañados en un estallido de violencia provocado la semana pasada por la muerte de un joven a manos de la policía.
El mandatario centrista afirmó al recibir a los ediles que era "prudente" sobre el riesgo de un repunte de la violencia, aunque consideró que "el peak que hemos visto en los últimos días ya ha pasado".
El encuentro se produjo cuando parece confirmarse una desescalada. En la noche del lunes, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas y no hubo ningún agente herido.
Los disturbios se desataron la noche del martes 27 de junio tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en Nanterre, un suburbio de París.
Desde entonces, comisarías, escuelas y ayuntamientos fueron incendiados, se saquearon tiendas y se lanzaron cohetes contra las fuerzas de seguridad.
El drama volvió a poner en primer plano el recurrente debate sobre la violencia policial en Francia.
Y el ataque con un coche durante el fin de semana contra el domicilio del alcalde de Haÿ-les-Roses (al sur de París), el derechista Vincent Jeanbrun, también puso de relieve la creciente violencia que enfrentan los representantes públicos.
Ley urgente
Aunque el análisis de los hechos y la respuesta se anuncian complejos, Macron ya avanzó que presentará una ley urgente para reparar los daños.
El gobierno también se dijo abierto a "anular" las cotizaciones sociales y fiscales para los comercios atacados. La federación francesa de aseguradoras France Assureurs indicó que se declararon 5.800 siniestros de particulares y profesionales.
La clase política sigue sin ponerse de acuerdo sobre la raíz del estallido de violencia, como constató Macron durante la reunión con los alcaldes.
La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los autores de los disturbios, pero la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios y la situación en estos barrios, entre los más pobres de Francia.
"La República no tiene que disculparse. Ya ha hecho mucho por estos barrios", dijo el alcalde derechista de Meaux (al noreste de París), Jean-François Copé. Su par de Nanterre, Patrick Jarry (izquierda), consideró que abordar la misión de la policía era "ineludible".
Las primeras propuestas evocadas por Macron en una visita el lunes a policías se orientan hacia la primera opción, al mencionar la posibilidad de "sancionar económicamente" a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios.
Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó a la fiscalía la "responsabilidad penal" de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa (32.700 dólares).
