El pasado 30 de junio, Rodrigo Duterte se convirtió en el presidente número 16 de Filipinas, después de ganar las elecciones con una campaña basada en la promesa de acabar con el narcotráfico a través de una estrategia de mano dura.
"Todos ustedes que están en las drogas, ustedes hijos de puta, de verdad que voy a matarlos", dijo durante un discurso antes de las elecciones.
Y lo ha cumplido. En cuatro meses, o sea en 120 días de mandato, han muerto 2.700 personas en ejecuciones extrajudiciales en distintas ciudades del país asiático, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
La mayoría de ellas acusadas de ser traficantes de drogas o consumidores de alguna sustancia prohibida.
Los familiares de las personas muertas afirman que sienten miedo de ser identificados por los comandos vigilantes en Filipinas. |
Y cerca de 200 de esos cuerpos permanecen todavía en la morgue de Manila sin ser reclamados, problema que se repite en distintas ciudades del país, lo que prendió las alarmas por una inminente emergencia de salubridad.
"Muchos familiares temen que en el momento en que reclaman el cuerpo se van a convertir en nuevo objetivo de la policía o de los grupos de vigilantes", le dijo a BBC Mundo Gloria Orellana, directora de la organización Kadamay, que representa a las comunidades pobres de Manila.
"Las familias afectadas por estos crímenes son gente de escasos recursos, que tienen mucho miedo y no tienen dinero. Esta campaña de Duterte es un ataque masivo a las comunidades más pobres de Filipinas", agregó.
De acuerdo con el informe presentado por el mandatario sobre su plan antidrogas, Filipinas tiene 1,8 millones de personas que consumen algún tipo de sustancia prohibida en un país de 100 millones de habitantes.
"Duterte presentó a Filipinas como un 'narco-estado' para justificar su guerra antidrogas, pero hay poca evidencia de que eso sea así", explicó Amnistía Internacional.
La mayoría de las víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas son de escasos recursos. |
Y citó un informe de Naciones Unidas que revela que el consumo de drogas en Filipinas per cápita está por debajo del promedio global.
Día de todos los santos
Pero el miedo, de acuerdo a Orellana, se vivió especialmente este martes en el que se conmemoró la fiesta religiosa de Todos los Santos.
Esta es una de las celebraciones más importantes en el país que profesa en su mayoría la fe católica.
"Miles de filipinos pobres no pudieron visitar a sus muertos en sus tumbas en el día de Todos los Santos como debía ser. Hay mucho miedo en las calles de Manila", explicó Orellana a BBC Mundo.
"Los cementerios, y en general, los barrios están rodeados de policías y la gente tiene la percepción de que ellos se están convirtiendo en informantes de los comandos de vigilantes privados", agregó.
El día de Todos los Santos se celebró este 1 de noviembre y la Iglesia católica del país asiático pidió respeto por la vida humana. |
Otro de los problemas es el dinero: un entierro puede costar desde US$1.000 y también hay que pagar para sacar el cuerpo de las morgues municipales.
Tal es el caso de Ruth Janet Sombreo. Su esposo murió de varios disparos en una calle del centro de Manila a principios de octubre.
"Cuando fui a reclamar el cuerpo, nos dijeron que teníamos que pagar para sacarlo. Pero yo soy muy pobre, mi esposo era el que respondía por mí y mis tres hijos. Me tocó dejar el cuerpo ahí", le dijo Sombreo a la cadena de noticias Al Jazeera.
Durante la celebración religiosa, el arzobispo de la provincia de Jaro, Angel Lagdameo, condenó los asesinatos.
"De forma inequívoca nosotros declaramos que como iglesia no podemos aceptar los asesinatos extrajudiciales: la vida humana es sagrada", dijo en un comunicado entregado a la prensa.
Y lo más grave para Orellana y la gente que trabaja en Kadamay, es que existen denuncias de que entre los muertos hay personas que no tienen nada que ver con el mundo de las drogas.
En lo que va del gobierno de Rodrigo Duterte han muerto cientos de personas en ejecuciones extrajudiciales. |
"No tenemos los datos precisos, pero hay reportes de que niños, gente inocente y algunos transeúntes han caído bajo el intercambio de disparos en esta comunidades pobres", explicó.
Duterte, popular
Pero mientras la ONU, los organismos de derechos humanos y hasta el Congreso de Estados Unidos -que este martes detuvo la venta de un cargamento de armas de forma indefinida por las miles de muertes ocurridas en los los últimos meses - han rechazado la política de Duterte, el apoyo popular al presidente dentro del país crece sin pausa.
De acuerdo a una encuesta realizada por la empresa Social Weather Station, el mandatario cuenta con una aprobación del 76%.
Además, la policía nacional del país señaló que la estrategia está dando resultados en el control de los índices de criminalidad
"Hay una reducción general de los crímenes de un 35%. Violaciones, robos, homicidios se han dejado cometer de forma considerable", dijo ante el Senado filipino el jefe de la policía nacional, Ronald Dela Rosa.
Rodrigo Duterte: "Todos ustedes que están en las drogas, ustedes hijos de puta, de verdad que voy a matarlos". |
Según el uniformado, en el mes de julio de 2015 se habían registrado 17.105 crímenes, mientras que en el mes de julio de este año -el último reportado- se cometieron 11.800.
Pero la campaña de aniquilamiento también ha causado una estampida de jóvenes hacia las cárceles filipinas, que se han entregado a las autoridades para evitar la condena de muerte en las calles, lo que ha ocasionado una saturación de las prisiones.
Para Orellana, ese es un síntoma de que las tácticas de Duterte no han solucionado nada, porque principalmente no han atacado la raíz de los problemas de la "epidemia de drogadicción" en Filipinas.
"En vez de luchar contra la pobreza, la falta de atención en salud, de fomentar opciones de empleo, Duterte eligió esta política de violencia y continuamos con los mismos problemas de antes sin resolver", concluyó Orellana.