La intervención del papa Francisco, que se reunió este lunes en el Vaticano con el presidente Nicolás Maduro, dio un nuevo giro a la crisis política de Venezuela, donde la oposición insiste en sacar del poder al mandatario.
En un encuentro sorpresivo tras finalizar una gira por Medio Oriente, Maduro fue recibido por el papa, en el marco de la "preocupante situación de crisis política, social y económica que atraviesa" el país petrolero, informó la Santa Sede en un comunicado.
Durante la audiencia privada, Francisco, quien envió a un representante a Caracas, instó "al diálogo sincero y constructivo" entre el gobierno y la oposición a fin de "aliviar el sufrimiento" de la gente, precisó la nota.
"De esa manera, el papa, que lleva en el corazón a todos los venezolanos, desea continuar a ofrecer su contribución a favor de la institucionalidad de ese país", añade el comunicado.
El pontífice argentino, desea también ayudar a que "cada paso" sirva a crear "mayor confianza entre las partes".
Durante el encuentro, cuya duración no fue divulgada, el papa invitó al mandatario venezolano a iniciar "con coraje la vía del diálogo sincero y constructivo para aliviar el sufrimiento de la gente y de los pobres ante todo", sostiene la nota.
Parlamento debatirá "situación constitucional" de Maduro
El jefe del parlamento de mayoría opositora, Henry Ramos Allup, informó que el domingo voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunieron con el emisario del papa, el nuncio apostólico y expresidentes de una misión mediadora de Unasur.
"O vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos", aseguró Ramos Allup en una tensa sesión en la que la Asamblea Nacional declaró el domingo que la suspensión del referendo consumó un "golpe de Estado".
El parlamento debatirá el martes "la situación constitucional del presidente", a quien culpan de la "ruptura de la democracia", mientras la MUD organiza una protesta nacional que convocó para el miércoles, llamada la "Toma de Venezuela".
El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, planteó un posible "juicio político" contra Maduro, a quien la oposición también acusa de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, que lo inhabilitaría para el cargo.
"Los próximos pasos dependerán de lo que decida el martes", afirmó a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, quien señaló que expresamente un juicio político no está contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.
Batalla política
La suspensión del referendo caldeó aún más el ambiente político, en un país que sufre una severa crisis económica, con una grave escasez de productos básicos y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.
La oposición sostiene que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, cuya impopularidad llega a 76,5% y a quien más de un 60% quiere revocar, según la firma Datanálisis.
El conflicto entró en una nueva fase luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazara el jueves, indefinidamente, la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para llamar al referendo, antes prevista para esta semana.
El poder electoral, acusado por la MUD de estar controlado por el gobierno al igual que la justicia, argumentó el acatamiento a sentencias que anularon por "fraude" un primer recaudo de rúbricas que abrió el proceso.
"La batalla institucional está perdida, por tanto la Asamblea estableció los lineamientos de su futura batalla política: la protesta popular, la demostración de mayoría, el llamado a la presión internacional", declaró a la AFP el analista Luis Vicente León.
Pero los expertos advierten que el gran desafío de la MUD es movilizar masivamente a la población, lo que no ha ocurrido, con excepción del 1 de septiembre.
"El gobierno escogió el costo político menor. La recolección de firmas iba a mostrar la mayoría contundente que lo rechaza y a su vez despojó a la oposición del motor que moviliza a la gente, el voto. Ahora será más difícil sacarla a la calle", estimó León.
En el frente internacional, la MUD enviará una comisión para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una "crisis humanitaria".
Una fase oscura
Los analistas prevén una radicalización del conflicto. Los oficialistas han amenazado ya con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.
Para León, Venezuela entra en una "fase oscura" en la que puede haber "represión selectiva" de líderes políticos, sin descartar en la sociedad venezolana "los dos escenarios perversos: la violencia o la apatía".
El excandidato presidencial Henrique Capriles no descartó que la protesta del miércoles llegue al Palacio Presidencial de Miraflores, lo que podría degenerar en violencia.
"Sin duda estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación", aseguró León.
