El polémico indulto entregado por el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori -condenado por violaciones a los DD.HH.- ha generado renuncias de ministros y ahora comentarios de autoridades chilenas.

Este jueves, se le consultó sobre el tema al ministro de Justicia, Jaime Campos, y aunque no quiso referirse puntualmente al caso de Fujimori, planteó que "como observador, lo que aconteció en Perú refuerza una idea que tengo hace muchos años que es que no creo en la institución del indulto presidencial, es una reminicencia de las monarquías y debiésemos eliminarlo".

"No hay que ser agudo o muy advertido como para concluir que en el caso peruano pareciese que hubo una negociación de orden político y cuando eso sucede es malo porque empezamos a trastocar el sentido de la justicia", enfatizó.

Campos aclaró que "no estoy hablando ni a favor ni en contra del caso del señor Fujimori, estoy hablando en general".

Por otra parte, el jefe de cartera planteó la necesidad de que en Chile exista legislación sobre indultos presidenciales: "El principio es bien simple. Todas las personas condenadas tienen derechos y por ende los condenados por delitos de lesa humanidad no están privados de la posibilidad de acceder a ciertos beneficios".

Sin embargo, continuó, "la legislación internacional es uniforme al señalar que los delincuentes de lesa humanidad para poder acceder, además de los requisitos normales tienen que cumplir con dos requisitos adicionales: arrepentimiento y cooperación eficaz".

El indulto presidencial a Fujimori fue entregado por Kuczynski -vinculado al escándalo de Odebrecth- sólo horas después de que el Congreso peruano rechazara su destitución con 9 votos del fujimorismo, que inicialmente lideraba la ofensiva contra el Presidente.

Además, el beneficio otorgado genera suspicacias porque se tramitó en casi 100 días menos que el promedio.

Bachelet "no ha adoptado resolución" sobre Punta Peuco

Respecto al cierre del penal Punta Peuco, Campos dijo que el hacinamiento queda fuera de la discusión, ya que "todos sabemos que detrás de esa decisión hay consideraciones de orden político, de seguridad, consideraciones de orden s los militares, los delitos que cometieron. Son otros los factores que van a incidir en la decisión que la Presidenta pueda o no pueda tomar".

Sin embargo, afirmó que "hasta este minuto la Presidenta no ha adoptado ninguna resolución".

Si el penal que reúne a presos por delitos de lesa humanidad se cierra, afirmó "probablemente lo que ocurre sea trasladar a quienes están al interior de Punta Peuco a otro penal, pero el inmueble va a tenir que seguir siendo destinado a recinto penal. Gendarmería no puede prescindir de esa infraestructura".

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