La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el martes si la somete a juicio.
El TSJ no sólo evaluará si la enjuicia -algo que podría llevar a su destitución-, sino que, como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación -como exige la ley- en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
El diputado del oficialismo Pedro Carreño pidió a la STJ -acusado de servir al gobierno- que la enjuicie y destituya, alegando que "mintió" al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados. Además, solicitó evaluar su salud mental.
Hace tres meses, esta disciplinada y firme abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional" por dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el gobierno.
Rubia y de ojos claros que cubre con gafas, Ortega también enfiló sus críticas contra el poder electoral y los militares, considerados pilares de Maduro.
El diputado chavista Germán Ferrer, con quien se casó hace 18 años, la describe como "una persona con mucho temple, valiente y honesta".
"Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores. Ella es la garante de la legalidad en el país, está cumpliendo con su deber", comentó a la AFP.
"Terrorismo de Estado"
Ortega aseguro este miércoles que el gobierno ha impuesto un "terrorismo de Estado" a través de las sentencias del TSJ y las acciones represivas contra las protestas que desde el 1 de abril exigen la salida de Maduro y dejan 79 muertos.
Según Ferrer, su esposa empezó a desencantarse del gobierno desde 2016 por estar en desacuerdo con algunas detenciones de opositores.
Desde que denunció el quiebre constitucional, la grieta con el gobierno se ensanchó: Ortega ha pedido anular la Constituyente, pues considera que atenta contra la "democracia participativa", y enjuiciar a magistrados.
Aunque todas sus acciones legales han sido desestimadas, ha ido ganando apoyos en el chavismo crítico al gobierno y en la oposición.
Con el aval de Chávez, asumió como fiscal general en 2007 para un periodo de siete años y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo.
Aunque su gestión concluye en 2021, funcionarios de gobierno ya le pusieron fecha a su destitución: el 30 de julio, cuando se elegirá la Asamblea Constituyente, un "suprapoder" que estará controlado por el oficialismo, pues la oposición no participa.
Apego a la Constitución
Ortega es recordada por imputar a los policías que la justicia condenó por el golpe de Estado a Chávez en 2002, pero también por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, la definió como "una mujer afable y respetuosa", si bien cree que "en el caso de Leopoldo la Fiscalía actúo de forma muy irregular".
El politólogo Nicmer Evans, chavista crítico de Maduro, considera que el papel de la fiscal será esencial para "reinstitucionalizar el país".
"Representa al chavismo digno, democrático, frente a las pretensiones totalitarias del madurismo", subrayó.
Analistas como Félix Seijas consideran que puede convertirse en un "puente" entre el chavismo crítico y la oposición.
Un periodista de la fuente judicial que la conoce desde hace 10 años asegura que Ortega "es muy sagaz y tiene gran olfato político".
Viste con elegancia y cuida mucho su salud. "Come muy sano, poca carne y le gusta caminar", añadió el periodista.
No tiene hijos, pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir.
"Llamo al país a mantenerse apegado a la Constitución y a la ley", pidió la fiscal este miércoles, antes de ser citada.
