Eliminación del “cepo cambiario”
El 16 de diciembre de 2016, el Gobierno eliminó el “cepo cambiario”, que había sido impuesto en noviembre de 2011 por el Gobierno de Cristina Kirchner, para hacer frente a un incesante aumento de la fuga de capitales, es decir, la compra de dólares y otras divisas por parte de particulares o empresas. La medida afectó el ahorro en dólares, el turismo, las importaciones y el giro de utilidades. La medida había producido el inmediato surgimiento de un mercado negro de divisas, en las que estas se cotizaban a un múltiplo del tipo de cambio oficial.
Devaluación
Como consecuencia de la eliminación del “cepo cambiario”, la moneda argentina se devaluó un 45 por ciento. El precio del dólar pasó de 9,76 pesos a 13,95 pesos. Como contrapartida, al liberarse la compra y venta de divisas, desapareció el mercado negro. El precio del dólar pasó a ser realista, es decir, a responder a la oferta y la demanda. Todo argentino puede comprar y vender tantos dólares como quiera. La medida facilitó también el acceso al crédito internacional.
Pago a los “fondos buitre”
El 19 de abril de 2016, el Gobierno anunció una emisión de bonos por 16.500 millones de dólares para pagarle a los “fondos buitre”. Se trataba de inversionistas que no habían entrado en la reducción y cambio de deuda de la cesación de pagos de 2001. Como el país había perdido un correspondiente juicio en Nueva York, estaba obligado a pagar. El Gobierno de Cristina Kirchner se había negado rotundamente, lo que puso al país en “default técnico”. El acuerdo con los “buitres” permitió al Gobierno central, las provincias y las empresas volver a emitir deuda externa para financiarse.
Ajuste gradual de las finanzas públicas
Con la emisión de nuevos bonos, el Gobierno evitó realizar un ajuste fiscal drástico, que hubiera sido necesario para financiar el enorme déficit fiscal dejado por el Gobierno anterior. El déficit fiscal primario fue en 2016 del 4,6%, cumpliéndose con sobras la meta del 4,8% avizorada por el Gobierno. El ajuste gradual fue interpretado por algunos actores económicos como una especie de populismo, que no atrae justamente inversiones. No obstante, un ajuste fiscal drástico hubiera sido fatal.
Eliminación de las retenciones
“Retenciones” se llama en la Argentina a los impuestos a las exportaciones. Las retenciones comenzaron a ser reducidas paulatinamente a partir de comienzos de 2016. La medida fue muy celebrada por el sector agropecuario. El 46% de las exportaciones argentinas son granos, harinas y aceites. Según la Sociedad Rural Argentina, la medida impulsó las inversiones en el sector agropecuario, llegando a 58.000 millones de dólares en 2016.
El “tarifazo”
“Tarifazo” se llamó a la suba de tarifas de los servicios públicos, la energía y el transporte, hasta entonces fuertemente subvencionados. El aumento fue aplicado a partir de julio 2016, comenzando con el agua, el saneamiento, la energía eléctrica y los hidrocarburos. A pesar del tarifazo, los precios siguen siendo en muchos casos menores a los de los países vecinos. Ello se debió a que no habían sido actualizados los últimos 10 años. El peligro de las subvenciones es que cuando algo no cuesta mucho, la tentación de despilfarrar es grande. Por otra parte, la medida afectó sin duda a los sectores menos pudientes. En este caso, es preferible el apoyo directo a los consumidores que lo necesitan y no subsidios para todos.
Sinceramiento de las estadísticas
El Gobierno anterior había desarticulado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) cuando los números comenzaron a serle negativos. Las manipulaciones comenzaron con la tasa de inflación, siguieron con la tasa de pobreza y terminaron inventando una realidad paralela, que poco tenía que ver con la realidad. Llegó a tal extremo, que el FMI exigió perentoriamente a la Argentina volver a generar estadísticas serias y confiables, lo que el Gobierno de Macri implementó de inmediato. Así, los actores económicos saben, por lo menos, a qué atenerse.
Restablecimiento del Estado de derecho
Durante los Gobiernos anteriores, el Estado de derecho había comenzado a erosionarse rápidamente. La obra pública se había dado, según investigaciones en curso, a pocas empresas en procedimientos opacos, sospechándose que parte de los fondos habían retornado en forma privada a representantes del Gobierno. Las investigaciones se están desarrollando. Un caso muy sonado fue el del fiscal Alberto Nisman. El 19 de enero de 2015, Nisman iba a presentar ante el Congreso una acusación contra el Gobierno por encubrimiento de iraníes y complicidad en relación con un atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En la madrugada del mismo día, Nisman apareció muerto de un tiro en su apartamento. Hasta hoy, el caso no ha sido aclarado. Jueces manifestaron sentirse presionados. La inseguridad legal iba en aumento. Con el nuevo Gobierno, las investigaciones en relación con esos y otros supuestos delitos han sido retomadas. Un marco legal estable y confiable es esencial para la economía.
