"¡No nos van pasar por encima con su plata!", "¡Era una criatura, no un perro!", "¡Esto no se va a quedar acá!".
Eso gritaban este lunes, entre llantos e histeria, los familiares de Nicolás Arévalo, un niño de 4 años que murió en 2011 por una intoxicación en Goya, en el noreste argentino, mientras Ricardo Prieto, el acusado de su homicidio, salía del juzgado en una camioneta de vidrios polarizados después de ser absuelto por la justicia.
Un corredor de policías antidisturbios con cascos y escudos custodiaba la salida del productor de tomates, que era acusado de homicidio culposo en un caso que ha revivido la polémica por el uso de agrotóxicos en la agricultura en Argentina.
Estas sustancias, cuyo uso es legal en el país -salvo excepciones- sirven para destruir insectos, hongos o malezas que pueden afectar los cultivos.
"¡Se ríe de nuestro dolor!", "¡Tiene miedo de que le vayamos a hacer algo!", continuaban los familiares, en su mayoría mujeres y niños campesinos.
Tras cinco años del primer juicio por homicidio por uso de agroquímicos en Argentina, Prieto fue absuelto por el Tribunal Penal de Goya, una pequeña ciudad en la provincia de Corrientes, por "insuficiencia de pruebas".
"Pero esto no queda acá", repetían una y otra vez los activistas que apoyan a la familia, quienes ahora esperan apelar ante el Tribunal Supremo de la provincia y convertir el caso en un motivo de indignación nacional.
País de agrotóxicos
La agroindustria de Argentina, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, es pionera en el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados.
El uso de éstos es una vieja polémica que enfrenta a productores y campesinos del país.
Famoso fue el caso de Malvinas Argentinas, un pueblo en la provincia central de Córdoba, el corazón sojero del país, que logró impedir la construcción de una planta de Monsanto, el mayor productor de semillas transgénicas y agrotóxicos, por miedo a verse afectados.
Según organizaciones sociales y ambientalistas, el uso de químicos como el glifosato –catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un "posible cancerígeno"– afecta directamente a las poblaciones que viven cerca de plantaciones fumigadas.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de Argentina, el promedio de enfermos de cáncer en poblaciones fumigadas es el doble que en el resto del país.
La misma ONG dice que el índice de niños que nacen con problemas de malformación es tres veces mayor que el promedio nacional.
¿Qué mató a Nicolás?
Mientras se daba el juicio en Goya este lunes, una prima de Nicolás Arévalo estaba en consulta médica en Corrientes porque nació con microcefalia, una enfermedad que ha sido vinculada con los agrotóxicos.
Prácticamente todos los niños que viven en las precarias casas de madera al pie de las plantaciones de tomate de Prieto tienen algún problema físico que sus padres atribuyen a los agrotóxicos: asma, brotes en la piel, malformaciones y un largo etcétera.
Pero como en el caso de Nicolás, donde la justicia no encontró pruebas contundentes de que el endosulfán causó su muerte, es difícil o imposible probar que la enfermedad no se debe a otras variables: el agua, la alimentación, la genética y otro largo etcétera.
De hecho, la defensa de Prieto, apunta a que Nicolás se pudo haber intoxicado con cassia occidentalis, una planta tropical que, al parecer, le dieron sus padres.
Este "porotico", como le llaman acá, es venenoso para las vacas, pero ha sido utilizado como medicina por poblaciones locales en toda América Latina a los largo de siglos.
La prueba principal del fiscal y el abogado era la autopsia, en la que se identificó al endosulfáncomo causa principal de la falla hepática y el edema de pulmón que mataron Nicolás.
Dos años después, en 2013, este agrotóxico fue prohibido en el país luego de que el Convenio de Estocolmo, un acuerdo internacional que regula sustancias tóxicas, lo sugiriera.
Los abogados de la familia, que están vinculado a la Red Inocencia Robada, también alegaron que las muestras de la tierra en la zona contenían el componente y que testimonios aseguraron que ese día, el 4 de abril de 2011, Prieto fumigó el invernadero de tomates sin cortinas, lo que permitió el esparcimiento del endosulfán.
Gladys Arévalo, la madre Nicolás –una mujer callada, contraída de hombros, tímida– lo tiene claro: "El veneno mató a Nicolás", le dijo a BBC Mundo.
Pero la defensa de Prieto alegó que en la autopsia la presencia del endosulfán "fue tomada a la ligera": eran apenas trazas no cuantificables, aseguró, lo que reduce significativamente su carácter letal.
Y esas pequeñas trazas del componente no fueron prueba suficiente para los jueces de que Prieto es culpable.
"Me siento conforme con mi rol de auxiliar de la justicia, porque serví al propósito de la justicia de llegar a un juicio justo", dice Diego Francisco Brest, el abogado de Prieto, sobre la pregunta de si su labor fue una manipulación procesal propia de abogado.
"Y ojo que yo no estoy acá defendiendo a estos productos y me limito a la defensa de un acusado, no a la defensa de empresas transnacionales [que producen los agroquímicos]", advierte en conversación con BBC Mundo.
Contexto de pobreza
Pero para Emilio Spataro, un activista de 31 años con boina y mochila de cuero, Prieto y sus abogados no sólo están defendiendo su pellejo, sino un statu quo que durante siglos ha permitido el enriquecimiento de los patronos (la mayoría de origen italianos) a costa de la explotación de las poblaciones locales (la mayoría guaraní).
Corrientes está entre las 5 provincias con más pobreza de Argentina, según cifras oficiales, pese a ser una potencia en la producción agropecuaria.
"La concentración de la tierra ha quitado oportunidades a la gente durante años, pero en los últimas dos décadas a esto se ha añadido el uso de determinados productos que han sumado problemas a la población, en lugar de darles beneficios", le dice a BBC Mundo.
"Por eso es que la pobreza se ha mantenido y profundizado en esta provincia", asegura.
Mientras habla con BBC Mundo en la zona donde están las plantaciones de tomates, Spataro se detiene de repente al ver pasar a unos niños cargando unos palos de madera y entrar al predio de Prieto.
"Espera, que nos escuchan", susurra.
Los niños –de origen indígena– siguen y Spataro dice, indignado: "Como ves, hay trabajo infantil".
BBC Mundo no pudo corroborar de manera independiente si esos niños trabajaban para Prieto.
El gobierno de Corrientes, así como el nacional, han reconocido el problema del trabajo infantil en la zona y han lanzado programas de educación, asistencia y salud para luchar contra él.
Pero activistas dicen que erradicarlo es una tarea pendiente.
"En un contexto de extrema pobreza, donde el trabajo infantil está normalizado, ¿qué puedes esperar del control que se pueda ejercer del uso de agrotóxicos?", agrega Spataro.
La escena de los niños trabajando revela, para él, la problemática que hay detrás dela muerte de Nicolás Arévalo.
