El Parlamento, único poder controlado por la oposición en Venezuela, elegirá este domingo presidente para 2020 con Juan Guaidó declarándose seguro de que será ratificado para continuar su "lucha" contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Será un momento clave para Guaidó, de 36 años, quien intenta reimpulsar su liderazgo con su reelección como jefe de la unicameral Asamblea Nacional, cargo desde el cual reclamó el 23 de enero del año pasado la presidencia encargada de Venezuela con reconocimiento de medio centenar de países.
Su popularidad ha caído mientras Maduro resiste en el poder y, con esta, la capacidad del líder opositor de reeditar las masivas protestas que encabezó a principios de 2019.
A la espera de la sesión en el Palacio Legislativo, en un comunicado emitido el viernes y dirigido a "la comunidad internacional", Guaidó anunció de antemano que "será ratificada la presidencia de la junta directiva".
Para ello necesita la mayoría simple (84) de 167 votos posibles.
La oposición ganó 112 escaños en las elecciones legislativas de 2015, pero desde entonces ha sufrido divisiones y, además, una treintena de legisladores se exiliaron o se refugiaron en sedes diplomáticas por procesos judiciales. Guaidó denuncia a la vez "sobornos" a diputados para ponerlos en su contra.
Un acuerdo de la alianza opositora establecía que la presidencia anual del Parlamento sería rotativa, correspondiendo en 2020 a partidos minoritarios.
La mayoría de esas organizaciones expresó apoyo a Guaidó en el último año de la actual legislatura, pero unas son críticas del dirigente y otras están en negociaciones con el gobierno de Maduro.
Su aceptación popular, según la encuestadora Datanálisis, cayó a 38,9% en diciembre después de llegar a 63% cuando se autojuramentó presidente interino ante una multitud.
Votos "virtuales"
Ante lo que denuncia como "persecución política", la mayoría opositora del Parlamento aprobó el pasado 17 de diciembre una reforma en el reglamento de debates a fin de admitir "el uso de tecnologías" para la "participación virtual" de diputados exiliados.
Dos días después el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la "nulidad absoluta" de la reforma, ordenando a la Fiscalía investigar "la presunta materialización" de delitos en su aprobación.
El TSJ, de línea oficialista, considera nulas todas las decisiones del Congreso después de declararlo en desacato en 2016 y, en la práctica, una Asamblea Constituyente, compuesta en su totalidad por aliados de Maduro, ha asumido las funciones legislativas.
Pero el comunicado enviado el viernes por Guaidó ratifica que se permitirá el sufragio de diputados vía virtual y que "la votación resultante" debe "ser reconocida".
Eso "quiere decir que no existen los votos suficientes", dijo en una entrevista televisiva la diputada Melva Paredes, de Cambiemos, uno de los partidos opositores que marca distancia con Guaidó y que emprendió un diálogo con Maduro.
Pese a lo que considera una ofensiva del chavismo para "desmembrar la Asamblea Nacional y buscar un conflicto", el director de Datanálisis, Luis Vicente León, considera que "el escenario principal" es la ratificación del jefe legislativo.
Año electoral
Aún siendo ratificado, 2020 será un año difícil para Guaidó, advierten analistas como David Smilde, profesor de sociología y estudios latinoamericanos en la estadounidense Universidad de Tulane.
Corresponden por ley elecciones parlamentarias, aún sin fecha. Sin embargo, después de que los principales partidos opositores, incluido el de Guaidó (Voluntad Popular), boicotearan las presidenciales de 2018 (en las que Maduro fue reelecto) alegando falta de condiciones, participar o no en las legislativas pone a los adversarios del mandatario en una encrucijada.
Smilde advierte que Guaidó y sus aliados "necesitan idear una estrategia clara y unificada" con vistas a esos comicios. "De lo contrario, la oposición desaparecerá del único espacio institucional en el que todavía tiene mayoría", sostiene.
"Vamos a recuperar la Asamblea Nacional", promete Maduro.
Guaidó mantiene su exigencia de unas improbables elecciones presidenciales sin Maduro, así como su negativa a acudir a votaciones llamadas por la oficialista Constituyente, órgano que considera "ilegítimo".
En ese sentido, el Congreso puso en marcha en 2019 el procedimiento para designar un nuevo Poder Electoral, cuya directiva es cuestionada, pero no se han alcanzado un consenso.
