La pandemia de COVID-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para "criminalizar" la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos, según un informe del Diálogo Interamericano.
El reporte también señala que hay una "estigmatización" de la prensa por su cobertura de la emergencia sanitaria, señalando especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y contabiliza que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha realizado 32 ataques verbales contra la prensa.
"El informe plantea la fragilidad de las libertades de expresión y el acceso a la información, en general, en la región", explicó este martes a la AFP Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el reporte, publicado el lunes, hay gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.
Los autores también señalan que "algunos líderes políticos han engañado deliberadamente a sus ciudadanos acerca del virus y han estigmatizado a los periodistas o expertos en salud que los contradijeron".
Los expertos denunciaron que los jefes de Estado de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua han "estigmatizado" a la prensa por sus informes de la pandemia.
En tanto Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por la cobertura de su manejo de la crisis, declarando además que los periodistas dañan al país, recordaron los expertos.
Esto según los autores contribuyó a la "infodemia" de desinformación online y puso más presión sobre las plataformas de internet que deben mantener un balance entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.
Países con "regímenes autoritarios"
"Se agravó la situación en los países en los que ya había regímenes autoritarios, y que buscan la persecución de periodistas y de disidentes", explicó Lanza a la AFP citando el caso de Venezuela y de Nicaragua.
En el caso de Venezuela el informe denunció que "el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan la respuesta" oficial.
Como ejemplo citó el caso del periodista Darvinson Rojas que fue detenido el 21 de marzo por la unidad de policía FAES (Fuerza de Acciones Especiales) debido a su trabajo sobre el coronavirus y quien, pese a que fue liberado, enfrenta cargos de "promoción del odio", según los investigadores.
Esta represión también afectó a Julio Molino, líder de un sindicato médico de Venezuela, luego de que criticara la carestía de equipamiento médico en hospitales, reportaron los expertos.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el supuesto ocultamiento de las cifras de covid-19 por parte del gobierno, caracterizando esos reportes como "terrorismo desinformativo".
Sobre Cuba, el informe señaló que "las autoridades han usado el Decreto Ley 370 'sobre la informatización de la sociedad cubana' para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar su equipo de trabajo" por su cobertura de la pandemia.
Una excusa para cerrar el cerco
Pero también en otros países con gobiernos democráticos el estado de emergencia por la COVID-19 fue usado como una suerte de excusa o justificación para tratar de cerrar el cerco, impedir el acceso a fuentes de información.
En Brasil, Bolsonaro realizó 32 ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo, cuando el virus ya estaba en el país, y seguidores del presidente han cometido actos de hostigamiento contra periodistas fuera del Palácio da Alvorada en Brasilia.
El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala declaró en tanto el 21 de marzo que "desearía poner a la prensa en cuarentena", a raíz de la cobertura negativa de su manejo de la pandemia.
"No hay una justificación en relación con la pandemia para restringir la libertad de expresión", concluyó Lanza.
