El gobierno de Brasil "da luz verde" a grupos criminales para destruir la Amazonía brasileña, poniendo también en riesgo a poblaciones locales y comunidades indígenas, denunció este martes la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
"A través de sus palabras y acciones, el Presidente Jair Bolsonaro le ha dado efectivamente una luz verde a grupos criminales que están destruyendo la Amazonia y ha puesto a los defensores de la selva en grave riesgo", dijo Daniel Wilkinson, director de derechos humanos y medio ambiente de HRW, durante la presentación del informe "Mafias de la selva tropical".
Wilkinson afirmó que lo que Brasil precisa para enfrentar el problema de la deforestación, la violencia y la impunidad en la región "es un gobierno que esté comprometido a cumplir la ley y busque proteger a sus comunidades y poblaciones indígenas".
"Desgraciadamente, lo que hemos visto en el primer año de Bolsonaro es un gobierno que parece decidido a hacer lo contrario", agregó.
El informe, que brinda una serie de recomendaciones a diferentes instancias del gobierno, documentó 28 asesinatos de defensores de la selva, cuyos responsables podrían estar involucrados en la tala ilegal de madera.
Algunos de esos asesinatos ocurrieron cerca de núcleos urbanos, afirmó el investigador César Muñoz, autor del documento.
"Hay fallas muy graves" en la actuación oficial y en las investigaciones de las amenazas y muertes, apuntó Muñoz.
Según cifras oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se duplicó entre enero y agosto, pasando de 3.336,7 km2 en ese periodo de 2018 a 6.404,4 km2 este año, el equivalente a 640.000 canchas profesionales de fútbol.
Madereros y hacendados son apuntados como los principales responsables de deforestar la Amazonía para explotar la cría de ganado y vender madera noble autóctona, como la del lapacho, avistado con facilidad por sus flores de colores que resaltan en medio de la alfombra verde amazónica.
Ataques verbales
HRW también instó a Bolsonaro, partidario de la reducción de la demarcación de tierras indígenas y de la explotación comercial de la selva tropical, a parar "sus ataques verbales y acusaciones sin fundamento" contra las oenegés, así como a "restablecer la cooperación" entre el gobierno y la sociedad civil para proteger a indígenas y ambientalistas.
"Las redes criminales tienen capacidad logística de coordinar la extracción, el procesamiento y la venta de la madera a gran escala, mientras emplean hombres armados para intimidar y, en algunos casos, ejecutar a quienes buscan defender la selva", afirmó la organización.
Brasil es el cuarto país con más homicidios de defensores del medio ambiente, según el informe publicado en julio por la oenegé Global Witness, que contabilizó 20 muertes de personas vinculadas a la causa en el país en 2018.
Las amenazas en la región amazónica no son una novedad para Brasil, que por ejemplo ocupó titulares internacionales en diciembre de 1988 con el resonante asesinato de Chico Mendes, una de las voces de la defensa ambiental más conocidas en el mundo.
"Es muy difícil", repitió la líder indígena Maria Helena Gaviao más de diez veces en su breve intervención en la rueda de prensa. "No es fácil ver su territorio ser arrasado todos los días", dijo.
"Los responsables de la violencia raramente son llevados ante la justicia", según HRW. En muchos de los casos, agrega, las denuncias de amenazas ni siquiera son investigadas por la policía.
Marina Silva, exministra del medio ambiente presente en el encuentro con los medios, cuestionó las posiciones del gobierno y subrayó que durante su gestión (2003-2008) en "Brasil crecía, a diferencia de ahora que estamos casi en recesión técnica, el agronegocio crecía y aún así se logró reducir la deforestación".
