El gobierno de Colombia denunció este jueves el apoyo de organizaciones chilenas a manifestantes que pretenden, según las autoridades, desestabilizar y generar nuevamente "violencia" tras las masivas y sangrientas protestas de 2021.
"Hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen, acciones que generen violencia y acciones que instiguen el delito y la destrucción de sistemas de transporte público", declaró el ministro de Defensa, Diego Molano.
Cientos de miles de personas se volcaron a las calles en abril de 2021 en rechazo a un alza de impuestos promovida por el gobierno que finalmente fue desechada ante la presión popular.
Las protestas se mantuvieron durante tres meses, sin un liderazgo definido. Uno de los grupos de manifestantes conformó las llamadas "primeras líneas", acusadas por el gobierno de vandalismo.
El ministro aseguró que "el fin de semana se conoció una convocatoria por redes sociales entre una organización chilena y organizaciones de las primeras líneas" en Colombia para protestar contra un alza equivalente a 0,03 dólares en el pasaje.
El martes encapuchados se tomaron algunas estaciones de Transmilenio, el sistema articulado de buses de Bogotá, con consignas que invitaban a pasar los controles sin pagar.
El ministerio de Defensa presentó el video de una conversación virtual de tres encapuchados, uno de ellos chileno, en la que hablan sobre esta última acción.
Un estallido social convulsionó también Chile en 2019, con masivas protestas que clamaban mayor igualdad y derechos sociales.
En Colombia "ya van más de 250 capturas por orden judicial de integrantes de estos movimientos, la mayoría de ellos con medida de aseguramiento en centro carcelario", precisó en un boletín el ministerio.
Según el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, "algunas" de las primeras líneas "tienen relación directa" con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz.
Los delitos que se les imputan a los capturados son "terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y otros relacionados con daños en bien público, privado y ataque a servidor público", añadió Vargas.
La AFP entrevistó en diciembre a algunos de los jóvenes detenidos quienes denuncian una "cacería de brujas" en represalia por sus manifestaciones contra el gobierno.
El pronunciamiento del gobierno coincide con la publicación de un informe de Human Rights Watch que denuncia cómo "policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas".
Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques, 44 civiles y dos policías.
