Reacciones polarizadas y protestas ha provocado un fallo de la justicia brasileña que autorizó la interrupción del embarazo de una niña de 10 años quien había sido violada por un tío, de 33 años, y quien se encuentra prófugo de la justicia.
Fue el pasado 8 de agosto que la menor acudió a un centro médico en Sao Mateus -el municipio donde reside, ubicado en el sureste de Brasil- luego que presentara fuertes dolores abdominales.
Al confirmarse el embarazo y que se trataba de una violación, el caso de la menor fue llevado a la justicia del estado de Espírito Santo, que ordenó practicar cuanto antes la interrupción del embarazo buscando preservar la vida de la niña. Esto, en conformidad con la legislación Brasileña, que data desde 1940 y que permite el aborto en tres escenarios: riesgo de vida, anencefalia o cuando el embarazo fue producto de una violación.
Como señala la edición carioca del diario El País, al tratarse de un caso de una menor abusada, "el caso debía correr con absoluta discreción, para resguardar a la víctima".
Sin embargo, la filtración del fallo a la prensa comenzó a provocar las primeras protestas de grupos conversadores y religiosos. Fue por este motivo que la justicia instruyó el traslado de la menor hacia el Estado de Recife, a 1.600 kilómetros, para resguardar su privacidad.
Pero una nueva filtración provocó que se conociera el centro médico donde la menor se iba a realizar el procedimiento, lo que provocó protestas en el lugar. "Asesino", le gritaron manifestantes antiaborto al médico y director del establecimiento, Olympio Moraes.
"Mantener el aborto es un a tortura en su contra, es volver a violarla, es el Estado practicando una violencia tan grande como la que ha sufrido. esto, dice el médico, sumado al riesgo de hemorragia debido a su escaso desarrollo y los riesgos psicológicos para la menor", afirmó el médico a El País.
Mientras todo eso ocurría la menor esperaba acompañada de su abuela y un muñeco de trapo.
Dentro de las responsables de la filtración -señala Folha- se ha sindicado a la política bolsonarista Sara Winter, que incluso publicó en redes sociales el nombre de la menor, pasando a llevar sus derechos.
Entre los argumentos esgrimidos por los grupos religiosos es que la menor se encontraba en las 22 semanas de gestación, el tope permitido en la legislación brasileña para interrumpir un embarazo a consecuencia de una violación, motivo por el cual el centro médico del estado de Espírito Santo se habría negado al procedimiento, tras lo cual la menor recurrió a la justicia.
Fue este punto al que aludió la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves.
"Mi corazón está apretado. Desde el domingo he orado por este niño para que se conserve toda su vida y se ponga bien”, afirmó la ministra, quien es pastora evangélica y en varias oportunidades se ha mostrado contraria al aborto.
El caso ha activado un fuerte debate sobre el aborto, en especial en casos de violación en medio del avance de grupos conversadores en ese país tras la llegada al poder de Jair Bolsonaro.
Mientras tanto, cada una hora, cuatro menores de 13 años son violadas en Brasil, según las estadísticas oficiales del Anuario de Seguridad Pública.
