Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto próximo para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados tras la disolución del Congreso, informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hace una semana, el mandatario de derecha Guillermo Lasso disolvió la unicameral Asamblea Nacional haciendo uso de su facultad constitucional, que contempla elecciones anticipadas para completar el actual período de cuatro años, que se cumple en mayo de 2025.
El gobernante decretó la disolución por una "grave crisis política y conmoción interna" en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del Legislativo, que lo acusaba de peculado.
En una sesión celebrada la noche del martes y que se extendió hasta la madrugada, el CNE aprobó que las elecciones anticipadas se realicen el 20 de agosto.
De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, de acuerdo a un calendario difundido a la prensa por el máximo organismo electoral.
La entrega de credenciales a los asambleístas está prevista para el 26 de octubre, de acuerdo al calendario difundido a la prensa por el máximo organismo electoral, que hará la convocatoria a comicios a través de la radio y televisión el miércoles por la noche para cumplir con la ley.
La Asamblea Nacional tiene la atribución de posesionar al presidente.
Los legisladores deberán luego "autoconvocarse de forma inmediata" para entrar en funciones, señaló el miércoles la titular del CNE, Diana Atamaint, al canal Ecuavisa.
Para los comicios de alcaldes y prefectos de febrero pasado fueron convocados 13,4 millones de los 18,2 millones de ecuatorianos.
Lasso, un exbanquero conservador que gobernaba con un Congreso opositor controlado por sectores de izquierda y cuya credibilidad cayó a 10% en dos años, podrá postularse nuevamente sin que se trate de una reelección, según autoridades electorales.
A pesar de la inseguridad ligada al narcotráfico, Ecuador vive en calma tras la disolución del Legislativo, que tradicionalmente registra una alta desconfianza ciudadana.
La credibilidad institucional en la Asamblea Nacional disuelta era de 2%, de acuerdo con la encuestadora privada Perfiles de Opinión.
La Carta Magna vigente desde 2008 permite la reelección por una sola vez.
