La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo que enviados de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, lograron reunirse el viernes pasado con un grupo de "presos políticos” recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde. Esto marca el retorno de esta entidad de la ONU al país sudamericano.
"Estuvieron allá la mañana del viernes, entiendo que se pudieron entrevistar con al menos diez presos", indicó el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, quien precisó que Vasco da Costa, Jesús Medina Ezaine, José Alberto Marulanda, William Aguado y Eva Lugo estuvieron entre los "presos políticos" con quienes conversaron los representantes de la ONU.
Himiob relató que los delegados de Bachelet se reunieron previamente con varias ONG defensoras de los derechos humanos para indagar información sobre los casos más "evidentes de violaciones a los derechos humanos”. El activista agregó que "lo más importante es que se permitió que estuviese de nuevo la delegación de Bachelet”, porque "más allá de las maniobras que siempre realiza el Gobierno para evitar que ellos tengan contacto con la realidad, es importante que estén aquí”.
Críticas y pedidos de rectificar
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó, por su parte, que el lunes 9 de septiembre habrá una "actualización de la alta comisionada sobre el informe de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos”. Romero destacó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con las recomendaciones del informe de la comisión, que insta al Ejecutivo a adoptar medidas específicas para remediar las graves vulneraciones a los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales detectados en Venezuela.
Tras una visita a Caracas de tres días en junio pasado, Bachelet dejó instalada una comisión de su oficina en Venezuela para brindar asistencia y asesoría técnica, así como vigilar la situación en esta materia. En julio, la expresidenta chilena presentó un informe que denuncia que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".
Desde entonces, Maduro ha criticado el reporte y ha exigido que su contenido sea rectificado.
