AFP
Una ley que limita los aumentos de tarifas de servicios públicos en Argentina y los ata a los ajustes de salarios obtuvo media sanción en el Congreso la noche del miércoles, en tanto el gobierno anunció que la vetará si consigue la aprobación en la Cámara Alta.
El proyecto, aprobado por 133 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones, declara la "emergencia tarifaria" en Argentina que soportó aumentos de más del 1.000% en tarifas de luz, gas y agua desde que asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015.
El gobierno rechaza la norma porque asegura que atenta contra su plan de reducir el déficit fiscal que llega al 4% del PIB.
"El presidente Macri manifestó que si conlleva un costo político vetar esta irracional ley, está dispuesto a pagarlo", dijo Mario Negri, jefe del bloque de diputados del oficialista frente Cambiemos.
La oposición cerró filas para aprobar el proyecto que busca retrotraer los valores de las tarifas de los servicios de luz, gas y agua a noviembre de 2017 y a partir de allí atar su evolución a los incrementos de salarios.
El gobierno se empeña en poner un techo de 15% a los ajustes anuales de salarios en coincidencia con su pauta anual de inflación, pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya la proyectó en 19,2% y los privados la ubican en torno al 25%.
El proyecto de ley avanza en momentos en que el gobierno busca cerrar un préstamo con el FMI, a quien pidió auxilio financiero para sortear una crisis cambiaria que depreció su moneda en más de 10% en el último mes obligando a llevar las tasas de interés a 40%, las más altas del mundo.
El acuerdo supondrá poner nuevamente la lupa en el déficit fiscal, lo que los analistas estiman se traducirá en más ajustes.
Desde que llegó al gobierno, Macri impulsa la quita de subsidios en las tarifas de servicios públicos para reducir el déficit fiscal, lo que se tradujo en bruscos aumentos de tarifas que organizaciones de consumidores lograron morigerar por vía judicial.
Consumidores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas están en alerta por el peso de los servicios públicos en sus costos en medio de la caída generalizada del consumo y con una fuerte presión inflacionaria fogoneada ahora por la corrida cambiaria.
