AFP

Una comisión especial del Congreso guatemalteco recomendó este sábado levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez para que sea investigado penalmente por su vinculación a un fraude millonario en el sistema nacional de aduanas, que provocó una crisis política en el país.

"La Comisión Pesquisidora (investigadora) recomienda al pleno (del Congreso) que Otto Pérez Molina sea sometido a los tribunales de justicia y que se le quite la inmunidad", informó en conferencia de prensa el diputado opositor Jorge Barrios, integrante del comité que entre viernes y sábado realizó la investigación.

Para levantar los fueros a Pérez el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados. Se espera que el lunes próximo la junta directiva del Legislativo reciba la recomendación de la comisión y programe una fecha para que se analice el tema en sesión plenaria.

Previo a dar a conocer su resolución, que fue tomada por unanimidad, la comisión especial integrada por cinco diputados conoció un informe escrito enviado por el presidente Pérez en el que niega su participación en la estafa al fisco, descubierta el pasado 16 de abril.

César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que debido a que la ley no obliga la presencia física del presidente ante la comisión, se optó por entregar el escrito "negando los hechos" que se le imputan a su cliente, quien se aferra al cargo pese a las protestas masivas que exigen su renuncia.

Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de los cabecillas de una mafia denominada "La Línea", que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.

Conversación incriminatoria

Con base a la sospecha, ambas entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso a iniciar el procedimiento de antejuicio (retiro de inmunidad) contra el presidente.

Una de las pruebas que involucra a Pérez en la estafa es una grabación telefónica con el detenido exjefe del ente recaudador de impuestos Carlos Muñoz, a quien le exige que efectúe cambios de personal en la entidad, pese a que la institución goza de autonomía.

La exigencia de Pérez fue interpretada por los investigadores como una injerencia en la entidad para colocar funcionarios en puestos clave y facilitar la operación ilícita.

El abogado del presidente señaló que esa petición de Pérez obedece a "medidas de coordinación que se toman con todos los entes del Estado" y que la escucha telefónica "no lo vincula y no le da grado de participación en la estructura criminal".

Durante su defensa escrita, Pérez también explicó que el proceso para retirarle la inmunidad era improcedente debido a que ya había sido sometido a un trámite similar impulsado por el diputado indígena Amilcar Pop. Ese procedimiento quedó archivado el 13 de agosto al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo.

Protestas continúan 

Por el escándalo de corrupción se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo tras verse salpicada en el fraude dirigido presuntamente por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, ahora prófugo.

Mientras la comisión legislativa fijaba postura ante el proceso de inmunidad, unos 2.000 guatemaltecos se reunieron para protestar contra Pérez en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico capitalino, que se ha convertido en el escenario principal de las manifestaciones contra la corrupción en el gobierno.

"Venimos porque ya es demasiado este cinismo", dijo a la AFP una manifestante que se identificó como Margarita, mientras junto con su esposo Abel sostenían una pancarta que exigía "No más corrupción".

Hasta el momento, la principal manifestación de rechazo contra Pérez ocurrió el jueves pasado, cuando miles de guatemaltecos marcharon desde varios puntos de la capital hacia el centro, en paralelo al cierre de varios negocios bajo el lema "paro nacional".

"Antes se tenía miedo de hacer protestas, pero ya no tenemos miedo. Este mal sistema de gobierno nos quitó el miedo", indicó a la AFP el empresario jubilado Antonio Quiroa, de 71 años, quien desde abril acude todos los sábados junto a decenas de personas a protestar en la plaza central.

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