Las críticas a la Constitución de 1980 apuntan a su origen y también a su contenido. Sus detractores la califican de ilegítima, herencia Pinochet y amarre de la dictadura, no representativa, excesivamente presidencialista, tramposa y muy difícil de modificar. En medio de las protestas, la ciudadanía, reunida en cabildos, discute los cambios que necesita el país. Las demandas siempre se encuentran una traba: la Constitución.
Al reclamo, originalmente surgido de la oposición, se han sumado sectores de la derecha y ahora el propio presidente se ha abierto a la posibilidad de modificar la carta magna. "Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución”, señaló Sebastián Piñera en una entrevista con la BBC.
Existen posturas legales divididas en torno a si las reformas que exige la población requieren o no de una nueva Constitución. En opinión de la Dra. Kirsten Sehnbruch, cientista social y Profesora Asociada Visitante de la London School of Economics, el gran tema es que como “viene de la época de Pinochet y limitó la democracia durante los 90, tiene una carga negativa muy fuerte”.
Nuevas estructuras para los cambios
Para que las reformas sociales no sean superficiales, se necesitaría cambiar primero ciertas estructuras determinadas por la actual Constitución, que limitan los cambios que exigen los manifestantes, indica a DW el historiador Manuel Bastías, investigador del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho, con sede en Frankfurt. "Muchas de las demandas tienen un límite jurídico dado por la actual Constitución. Temas de propiedad privada, nacionalización de recursos, el agua, reformas al sistema de salud, educación, previsiones, podrían tener objeciones de revisión del Tribunal Constitucional”, indica Bastías.
"El mayor problema es que la estructura no permite la construcción de un Estado social”, afirma el experto. Las reformas realizadas hasta ahora han apuntado a cuestiones políticas y electorales, en el sentido de hacer más democrática la composición del parlamento y eliminar los senadores designados y vitalicios.
También se modificó la norma para permitir la elección popular de gobernadores provinciales. "Eran cuestiones antidemocráticas que fueron reformadas, pero el fundamento de la economía neoliberal siguió intacto”, subraya Bastías.
Repensar el rol del Estado
La historiadora Nicole Schwabe, del Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, señala a DW que la Constitución de 1980 nació como una manera de darle cierta legitimidad al gobierno de Pinochet, iniciando una nueva etapa institucional, y fue ratificada en un plebiscito cuya validez es cuestionada.
La dictadura había dado término a un proyecto socialista y esta Constitución buscaba amarrar un nuevo sistema socioeconómico. "De esta manera, ciertas elites lograron mantener su poder, privilegios y camino político más allá del orden militar”, sostiene la investigadora.
Una de sus estrategias fue el principio de subsidiariedad: el Estado solamente interviene cuando las necesidades básicas no pueden ser satisfechas por actores no estatales. "Al retirarse, el estado dejó un gran vacío. Muchos derechos sociales, como la educación, la salud y las pensiones, quedaron en manos de privados. Esto llevó a los grandes problemas de los últimos años y al surgimiento de movimientos y una serie de protestas sociales”, dice Schwabe.
"Si bien la masificación de la educación fue una medida aparentemente democrática, se llevó a cabo a través de empresas privadas, que encontraron un nuevo y rentable mercado. En Chile hay cifras muy preocupantes de alto financiamiento privado de las familias en la educación de sus hijos. La educación debería ser un derecho social, garantizado por el estado”, afirma Nicole Schwabe, quien señala que la misma lógica se replica en otras áreas como la salud, donde la cobertura básica es para las personas de menos recursos y quien puede, intenta entrar al sistema privado.
Constitución y pacto social
"Lo que no es una solución es aumentar un poco el sueldo mínimo, subir la pensión básica... Son medidas necesarias que hay que tomar ahora, pero no la solución a largo plazo”, advierte Kirsten Sehnbruch. "Es el rol del estado lo que se tiene que repensar”, sentencia.
Nicole Schwabe subraya que en los últimos años ha habido mejoras, pero sin reformas transformadoras: "El sistema político no ha sido capaz de responder a las demandas de los movimientos sociales que vienen desde hace años. No hay salida alguna a este conflicto si no hay cambio constitucional. Si no se toman las medidas necesarias, la violencia podría escalar más”.
Piñera enfrenta un escenario complejo, con una alta desaprobación, masivas protestas, violencia y desmanes. Su respuesta a la crisis es cuestionada y debe hacer frente a denuncias de violaciones a los derechos humanos, al tiempo que no existe un interlocutor válido en medio del vacío de liderazgo en la oposición.
La redacción de una nueva constitución requiere de la participación ciudadana y de un nuevo pacto social, como han adelantado diversos actores. "En términos prácticos, el pacto social es más importante, pero en términos simbólicos, lo es la Constitución. Será un proceso largo y desgastante. El pacto social es necesario también para que el proceso constitucional sea exitoso”, concluye Sehnbruch.
