AFP
Gabriela Zapata, ex pareja del presidente boliviano Evo Morales y actualmente en la cárcel por una investigación judicial por enriquecimiento ilícito, se quedó este lunes sin defensa legal al renunciar al caso su principal abogado Eduardo León, dijeron familiares del jurista.
Zapata, quien está detenida desde febrero, fue gerente de CAMC, una firma china que se adjudicó millonarios contratos con el Estado boliviano, y ha sostenido tener un hijo con el presidente.
"Él (León) no va seguir defendiendo el caso de la señora Zapata, es una decisión familiar, porque nos ha causado muchas tensiones familiares", sostuvo la esposa del abogado, Graciela Mendoza.
León está en prisión desde el martes acusado de presentar infundadamente a un niño ante un tribunal como si fuese el hijo de su defendida con el gobernante.
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Mendoza aseguró que la decisión de su esposo no fue producto de "presión alguna de afuera" sino "un pedido mío como esposa y de mis dos hijas".
León había dado un plazo hasta fines de mayo a Zapata para que ofrezca pruebas, entre ellas la presentación ante la justicia del hijo que dice tener con Morales, para continuar con el caso.
Wálter Zuleta y Williams Sánchez, colegas de León y ambos del equipo jurídico de Gabriela Zapata, fueron declarados prófugos.
De acuerdo con las indagaciones, Gabriela Zapata fue gerente comercial de CAMC, que consiguió contratos con el Estado por unos 560 millones de dólares. El propio gobierno asegura que ella despachó desde dependencias públicas.
Zapata está detenida desde febrero acusada de enriquecimiento ilícito, mientras el presidente Morales -a quien la oposición acusó de tráfico de influencias- y la empresa china fueron exonerados de responsabilidad por el Congreso, de mayoría oficialista.
Recientemente, la justicia boliviana dictaminó la "inexistencia física comprobada" del supuesto hijo del presidente. Pero Zapata volvió a la carga y reveló que tuvo dos embarazos producto de su relación con Morales, aunque el primero de ellos, en 2005, se interrumpió.
La revelación del caso en febrero remeció a la opinión pública boliviana y le costó a Morales la victoria en un referéndum donde buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).
