El gobierno de Bolivia anunció que, desde el próximo 1 de enero, comenzarán a exigir el certificado de vacunación contra el COVID-19 a todas aquellas personas que acudan a eventos masivos, medida que apunta a contener los contagios por el virus.
Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, dijo en una entrevista con Bolivia TV que se debe respetar el decreto sancionado por la Cámara de Diputados para contrarrestar el avance de la pandemia. “No es chiste. Quien no la cumpla estará arriesgando su situación legal”, comentó.
"En este caso estaríamos frente al atentado contra la salud pública. Si yo tengo Covid y no tengo mi carnet de vacuna ni mi PCR negativo (...) estoy atentando contra la salud pública de la población", agregó el viceministro.
Al ser consultado por la penalización de quienes no respeten la ley, la autoridad aseguró que "de acuerdo al Código Penal, este delito está sanciondo con hasta 10 años de cárcel".
“No es chiste. No es una cosa que salió y el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple. Están poniendo en riesgo no solamente la salud de las otras personas que pueden concurrir no solo a fiestas sino a otro tipo de establecimientos tanto del sector público como el privado”, agregó.
Si una persona no cuenta con su certificado de vacunación o PCR negativo, las autoridades pueden, según el Código Penal, identificar e iniciar un proceso penal y poner en riesgo su "situación legal con una sanción de hasta 10 años de cárcel", detalló Silva.
