Desde el 31 de enero, Uber dejará de funcionar en Colombia.
Varios países en la región han prohibido las operaciones de esta aplicación de servicios de transporte, pero usualmente la empresa estadounidense insiste en buscar maneras legales para seguir operando.
En este caso, Uber informó de manera explícita que se va.
El anuncio de la compañía, dado a conocer en un comunicado y con un tuit en el que se ve un auto saliendo del país en el mapa, se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una denuncia contra la aplicación.
La demanda de los taxistas, radicada hace tres años y basada en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva de manera ilegal.
Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países, como Chile o Argentina, han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio y el involucramiento de los operadores son inéditos en la región.
En el caso de Colombia, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos locales bloquear el funcionamiento de Uber.
Sin embargo, el servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats no se verá afectado.
"Contra el TLC"
Uber aseguró que "la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales".
La empresa anunció que apelará el dictamen para "defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias".
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que "no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano".
Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada "economía naranja" y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.
¿Caso político o jurídico?
Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.
El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.
Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.
Rappi, un servicio de mensajería y de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.
Duque celebró la inversión como un "gran mensaje de confianza en Colombia".
"Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región", dijo el mandatario en su momento.
Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.
Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado entablar mesas de negociación con Uber.
