Sérgio Moro era un juez desconocido en gran parte de Brasil hasta hace unos pocos años.
Ahora se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de la historia reciente de la nación sudamericana.
En la actualidad este magistrado de 44 años es un personaje clave en su país, que primero puso contra las cuerdas al gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff y ahora acaba de asestar un golpe duro al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a quien condenó este miércoles a una pena de nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Su figura y su modo de actuar divide a la opinión pública en Brasil.
Como juez de la gigantesca causa de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, Moro ya ha puesto tras las rejas a políticos y algunos de los empresarios más ricos de Brasil, algo que parecía impensable en este país.
En marzo del año pasado, obligó a declarar bajo custodia policial a Lula da Silva y levantó el secreto sobre un polémico diálogo telefónico entre éste y Rousseff.
Estas medidas le valieron a Moro tantos aplausos como acusaciones de atropello a la ley. La propia Rousseff criticó la divulgación de las escuchas telefónicas, diciendo que son un peligro para el Estado de Derecho.
Por todo esto, activistas anticorrupción lo señalan como un ejemplo.
"Está prestando un gran servicio al país", dijo Gil Castello Branco, un economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas que conoció a Moro tiempo atrás en un evento de Transparencia Internacional.
"En el caso del juez Sérgio Moro, no sólo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado", agregó en diálogo con BBC Mundo.
"Super Moro"
Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho, Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.
Antes de la causa Petrobras ya había conducido varios casos relacionados a ese delito, promoviendo como pocos antes la cooperación internacional de Brasil con otros países para detectar cuentas bancarias en el extranjero.
Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció en 2013 por lavar dinero del narco en Brasil, subastando inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de US$6 millones. Todo un récord en Brasil hasta ese entonces.
Fue por un caso de delitos financieros que Moro indagó a Alberto Youssef, un cambista que figuraba entre sus acusados. El juez dijo que entonces descubrió "incidentalmente" el vínculo de Yousseff con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.
Así cobró forma el operativo policial "Lava Jato" (Lavacoches), denominado de ese modo porque se lanzó en marzo de 2014 en una estación de gasolina desde donde, según los investigadores, se lavaba dinero.
Youssef y Costa se volvieron delatores primordiales en el escándalo de sobornos de Petrobras, tras cerrar un acuerdo con la justicia para contar lo que sabían a cambio de recibir penas menores.
Sus denuncias indicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras y que el dinero ilícito financió al entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.
Es "el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia", sostuvo en ese momento el procurador general brasileño, Rodrigo Janot.
Hasta ahora en el marco de la causa conducida por Moro han sido condenadas más de 100 personas.
En la lista de quienes se les ha decretado prisión figuran José Dirceu, exhombre fuerte del gobierno de Lula, Joao Vaccari, extesorero del PT, así como Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, que presidían dos de las mayores empresas constructoras de América Latina: Odebrecht y Andrade Gutierrez.
El año pasado, Moro se convirtió en una especie de ídolo para los manifestantes que buscaban la dimisión de Dilma Rousseff, quien finalmente salió de la presidencia por un proceso de impeachment.
Durante las protestas, el rostro y el nombre del juez aparecieron en innumerables carteles, camisetas o banderas. Algunos hasta lo llamaban "Super Moro".
"Tener miedo"
Apoyado por la evidencia recogida por la Policía Federal y fiscales brasileños, el juez avanzó en la causa con acuerdos de delación de varios procesados, intentando así llegar a la cima del esquema de sobornos.
Castello Branco dijo que Moro fue un estudioso de la operación "Manos limpias", que destapó en Italia de los años 90 un gran escándalo de corrupción, y concluyó que la independencia y el apoyo de la opinión pública son esenciales para el éxito de la acción judicial.
Sin embargo, las defensas de algunos implicados en el escándalo de Petrobras han acusado al juez y su equipo de forzar confesiones a cambio de menores de penas.
Luiz Flávio Gomes, un jurista y exjuez brasileño, advirtió ya en 2014 que Moro corría el riesgo de adoptar medidas "en conflicto con el Estado de derecho", por ejemplo deteniendo indagados sin que sean un peligro para la sociedad.
"Tiene coraje y es trabajador", dijo Gomes a BBC Mundo en aquel momento. "Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco".
De lo contrario, sostuvo, podría dejar margen para que el proceso sea anulado más adelante por errores cometidos por él o la policía, como ha ocurrido en otros casos en Brasil.
Excesos
Las acusaciones de excesos contra el juez crecieron a medida que colocaba su mira en Lula da Silva.
La conducción obligatoria del expresidente a declarar sin enviarle un requerimiento previo fue criticada por algunos juristas e incluso por un miembro del Tribunal Supremo Federal, Marco Aurélio Mello.
"Sólo se conduce coercitivamente (?) al ciudadano que resiste y no comparece a declarar", dijo Mello al diario Folha de S.Paulo. "Vamos a arreglar Brasil. Pero no vamos a atropellar. El atropellamiento no conduce a nada".
El propio Lula dijo haberse sentido "prisionero" al ser llevado por la policía ante los investigadores, pero Moro aclaró en un comunicado que las medidas de investigación "no significan anticipación de culpa".
Un gremio de jueces y otros juristas respaldaron el proceder de Moro.
Moro también sorprendió a la opinión pública cuando el año pasado levantó el secreto de una conversación entre Rousseff y Lula, grabada por la policía, que alimentó las acusaciones de que ella le nombró ministro para evitar su arresto.
Como ministro de gobierno, Lula conseguía un fuero judicial especial y, en caso de ser acusado formalmente, debía ser juzgado por el Supremo brasileño en lugar de Moro.
En el audio se escuchaba a Rousseff decirle a Lula que le enviaría el acta de su designación ministerial para usar "en caso de necesidad", algo que sus críticos interpretaron como un intento de obstruir la justicia.
En otra conversación interceptada por la policía y hecha pública por el juez, se escucha a Lula hablar con un diputado sobre la posibilidad de intimidar a Moro y a los investigadores. "Tienen que tener miedo", dice.
Durante el acto de investidura de Lula, Rousseff acusó a Moro de actuar al margen de la Constitución al divulgar las escuchas.
"Convulsionar a la sociedad brasileña en base a falsedades, métodos oscuros y prácticas criticables viola principios y garantías constitucionales y los derechos", dijo Rousseff. "Los golpes comienzan así".
Pero Moro sostuvo que una democracia "exige que los gobernados sepan lo que hacen los gobernantes" y que "había justa causa y autorización legal para la interceptación" telefónica.
También citó como precedente un fallo de la Corte Suprema estadounidense de 1974 contra el entonces presidente Richard Nixon, que poco después renunciaría por el escándalo Watergate.
*Esta nota fue publicada originalmente en marzo 2016 y fue actualizada con la noticia de la sentencia de prisión decretada contra Lula da Silva.
