La prosperidad de su negocio depende de que haya personas que pierdan su libertad.
Mientras la opinión pública de Estados Unidos reaccionaba con indignación ante la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur del país, ellos veían mayores oportunidades.
Las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom.
Solamente en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó casi US$3.000 millones para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada.
Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas.
"En torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria", comenta Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención), con sede en Nueva York.
"En febrero de 2017, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que estaban aumentando el número de camas disponibles para ICE de 3.500 a 20.000, un incremento de 500%", agregó la experta en una conversación con BBC Mundo.
Paradójicamente, con la reciente decisión de Trump de poner fin a la separación de los menores de sus padres, el volumen de negocio de estas compañías podría crecer en lugar de disminuir.
Auge
Pero ¿qué significa para este tipo de empresas el aumento de los cruces en la frontera suroeste en términos de una mayor ocupación en sus centros de detención y en el incremento de la probabilidad de obtener nuevos contratos con ICE?
Esa pregunta se la hicieron en abril pasado a un ejecutivo de Geo Group, una de las principales compañías de este sector, durante una presentación telefónica con los inversores que fue divulgada en su página web y reproducida por la emisora de radio NPR.
"Ha habido un incremento constante en los cruces fronterizos ilegales que creo que es similar al aumento sostenido en el número de personas en nuestros centros (de detención de inmigrantes) con ICE y esperamos que eso siga incrementando nuestra tasa de ocupación y ofrezca oportunidades para nuevos contratos de centros", respondió el ejecutivo.
Geo Group es una empresa que presta servicios a los gobiernos en la gestión de cárceles y centros correccionales en varios países del mundo.
"Los centros de detención de inmigrantes son una pieza central del modelo de negocio de las empresas que se dedican a administrar cárceles privadas como CoreCivic y Geo Group", explica Tylek.
Indica queCoreCivicreportó que en 2017 un 25% de sus ingresos procedieron de contratos con ICE que sumaron US$444,1 millones. Mientras que en el caso de Geo Group, los contratos con ICE representaron 19% de sus ingresos para un total de US$429 millones.
La experta señala que estas dos empresas son las principales de un mercado en el que participan una docena de competidores en Estados Unidos.
Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, el valor de sus acciones en bolsa creció de forma notable en anticipación a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyo discurso de mano dura contra la inmigración parecía dibujarles un panorama favorable para su negocio.
Sus esperanzas no se vieron defraudadas.
Geo Group firmó en enero de 2017 un acuerdo con ICE para gestionar un centro de procesamiento de inmigrantes con 780 camas en Georgia y, dos meses más tarde, anunció un nuevo contrato a 10 años para un centro de detención en Texas con capacidad para 1.000 personas.
"De hecho, en sus reportes anuales ellos señalan la reforma migratoria como un riesgo para su negocio, al igual que la legalización de la marihuana e, incluso, que la disminución de la tasa de delitos", agrega.
La experta destaca que Geo Group señaló en un informe a sus inversionistas en junio de 2017 que estaba a la espera de una orden ejecutiva que pusiera fin a la llamada política de detención y liberación (catch and release) que aplicaban los gobiernos anteriores a Trump, en la cual los inmigrantes eran procesados y dejados en libertad mientras esperaban a ser juzgados.
Esto se materializó recientemente con la política de tolerancia cero ante la inmigración ilegal que anunció en abril el fiscal general, Jeff Sessions, y la cual es en parte causante de la actual crisis fronteriza.
Negocios asociados
La detención de inmigrantes no solo es una fuente de ingresos para las compañías que administran los centros que les dan alojamiento.
"Existe una red completa de negocios privados que está sacando ganancias de la crisis migratoria. En el sector del transporte, por ejemplo, están las compañías que trasladan a los inmigrantes desde la frontera hasta los centros de detención. En algunos casos, las empresas de transporte son propiedad de las mismas compañías dueñas de los centros de detención. Eso ocurre con Geo Group y CoreCivic, por ejemplo", indica Tylek.
También hay importantes aerolíneas como American Airlines, Delta, Southwest, Frontier, Alaska Airlines y United que alquilan sus aviones para el traslado de los inmigrantes pero que esta semana se desmarcaron de la política oficial y anunciaron su negativa a transportar a niños inmigrantes que hayan sido separados de sus familias.
También hay otros negocios asociados como los proveedores de alimentación o de servicios de telefonía para las personas detenidas, entre otros. Todo suma.
Niños aparte
Las empresas como Geo Group o CoreCivic no se hacen cargo del alojamiento y la atención a niños inmigrantes, cuya custodia no está asignada a ICE sino al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) que en el año fiscal 2017 destinó unos US$958 millones, para el mantenimiento de los centros de acogida de menores.
Esta tarea está asignada principalmente a organizaciones no gubernamentales que gestionan unas instalaciones distintas a los centros de detención y que se parecen más a un colegio internado que a una prisión pues deben disponer de aulas de clase, servicios de salud física y mental, espacios de recreo y servicios de reunificación familiar.
Administrativamente estos lugares de acogida dependen de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que es la responsable de atender a los inmigrantes menores de edad que entran a Estados Unidos sin la compañía de un adulto y que, durante las últimas semanas, también recibieron a los 2.300 niños que fueron separados de sus familias.
Según cifras ofrecidas por Steve Wagner, vicesecretario de la Administración para Niños y Familias (una dependencia del HHS), la ORR está dando alojamiento en la actualidad a unos 12.000 niños, incluyendo aquellos que fueron separados de sus padres.
Las instituciones que acogen a los menores son organizaciones sin fines de lucro, con frecuencia de tipo religioso, que hasta hace poco solían ser vistas con buenos por hacerse cargo de lo que muchos consideran como una labor social.
En medio de esta crisis, sin embargo, no han escapado a la polémica.
Las miradas críticas se han centrado en Southwest Key, una ONG con sede en Texas que en los últimos años se ha convertido en una de las principales instituciones de acogida de menores de Estados Unidos.
Entre 2010 y 2018, esta organización pasó de tener 10 albergues con capacidad para 500 menores a disponer de 26 centros en los que puede recibir hasta 5.000 niños.
Probablemente, el más llamativo de estos sea Casa Padre, construido en las instalaciones de lo que antes era un hipermercado de Walmart y que cuenta con unas 1.500 camas.
Los cuestionamientos, no obstante, no han surgido por el tamaño de sus centros sino de sus negocios con el gobierno.
En 2018, Southwest Key recibirá US$458.658.830 del HSS, lo que llevará hasta US$1.500 millones el monto recibido a través de contratos con el gobierno federal en la última década, de acuerdo con los registros del HHS.
"Nuestro crecimiento es una respuesta directa a la llegada de niños a la frontera", explicó su vicepresidenta para servicios a los niños inmigrantes, Alexia Rodríguez, a The New York Times.
Sin embargo, sus críticos han hecho públicas copias de declaraciones de impuesto de la institución en las que se revela que el presidente y fundador de esa organización, Juan Sánchez, recibió en 2017 un salario anual de casi US$1,5 millones.
Según Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch, ese sueldo coloca a Sánchez como el quinto director mejor pagado de una institución sin fines de lucro en Estados Unidos.
"El jefe de la Cruz Roja de Estados Unidos recibe un salario de US$600.000. Y es una ONG que maneja miles de millones de dólares. Ellos controlan la mitad del suministro de sangre y son un proveedor líder en situación de desastres. El presupuesto de esta ONG (Southwest Key) es como un décimo del de la Cruz Roja", dijo Borochoff a la cadena CNN.
BBC Mundo solicitó una entrevista con un portavoz de Southwest Key pero no obtuvo respuesta.
La crisis migratoria de este año también ha llevado al otorgamiento de algunos contratos de emergencia para albergar menores.
Eso, por ejemplo, ocurrió con la reactivación de un centro de acogida en Homestead (sur de Florida), administrado por la empresa Comprehensive Health Services (servicios de salud exhaustivos, en español), que en febrero recibió un contrato para albergar hasta 500 menores inmigrantes que a inicios de mayo fue ampliado para alcanzar hasta 1.000 niños.
Según la agencia Bloomberg, esta empresa recibirá por esta labor hasta US$31 millones.
Nuevas oportunidades
Pero el negocio de dar alojamiento a los inmigrantes detenidos aún puede crecer más en los próximos meses.
Tras revocar la medida de separación de menores, la prensa estadounidense ha informado que el gobierno quiere que las familias permanezcan juntas pero bajo un régimen de detención que aparentemente se extendería de forma indefinida hasta que los padres hayan sido procesados penalmente.
Esa idea es de difícil aplicación y se prevé que podrá ser impugnada ante la justicia. Sin embargo, en caso de que pueda ejecutarse podría traducirse en un incremento tanto del número de detenidos como del tiempo de alojamiento.
"No está claro cómo el gobierno piensa aplicar esto porque existe una sentencia judicial que establece que los menores inmigrantes no pueden permanecer más de 20 días detenidos", señala a BBC Mundo Liz Willis, cofundadora del Asylum Seeker Advocacy Project (Proyecto de Defensa del Solicitante de Asilo, en español) una iniciativa que busca evitar las deportaciones indebidas dando apoyo legal a las familias que buscan refugio.
Willis agrega que en la actualidad solamente hay un centro en Estados Unidos en el que se puede detener a los padres con los menores y otros dos centros que solo pueden albergar a las madres con sus hijos.
"No tienen un espacio en el que puedan albergar a las familias completas", indica.
Así, de prosperar esta iniciativa se abriría la oportunidad para crear y cobrar por nuevos centros para alojar a las familias detenidas.
