El gobierno de Guatemala anunció el adelanto del fin del acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyos funcionarios deberán abandonar el país en 24 horas.
La decisión se la comunicó este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Gutérrez, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
En sus once años de operación, la Cicig cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.
Algunas de sus investigaciones, por ejemplo, terminaron en el encarcelamiento y juicio al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Pero el presidente Jimmy Morales acusa al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del último comisionado, el colombiano Iván Velásquez Gómez.
"Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala", dijo el mandatario.
Morales aseguró que los casos que inició la Cicig "deberán seguir su curso a instancias de la autoridad competente en Guatemala".
Desencuentros
La cancelación del convenio con la ONU ocurre después que el fin de semana pasado Yilen Osorio, investigador de la Cicig, fue retenido 25 horas en el aeropuerto Internacional de La Aurora, en la capital de Guatemala.
Según la canciller el funcionario no tenía autorización para entrar a territorio guatemalteco.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se permitiera el ingreso del investigador Osorio, algo que cuestionó Jimmy Morales.
Según el mandatario ésa no es una función de la CC. "No hagan política", les dijo a los ministros.
En el evento donde el presidente anunció la cancelación del convenio sobre la Cicig participaron familiares de personas encarceladas por investigaciones de la Comisión y el MP.
Por ejemplo, dos hijos del exministro de Gobernación Carlos Vielmann, detenido en octubre pasado.
Los familiares dijeron que el proceso es irregular y aseguraron los investigadores de la Comisión pactaron con presuntos delincuentes para que testificaran contra el exfuncionario.
"Funcionarios de la Cicig violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país", dijo Morales.
"La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio".
"Silencio y pasividad"
Desde agosto pasado Jimmy Morales anunció que no renovaría el convenio con la ONU sobre la Cicig, que terminaría en septiembre próximo.
Luego en octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores canceló las visas y la inmunidad para once investigadores de la Comisión y dos de sus familiares.
Pero la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Cancillería revocar la medida y otorgar visas de cortesía a los funcionarios, quienes se encontraban de vacaciones.
La siguiente medida fue impedir el ingreso al país de Iván Velásquez, declarado por el gobierno de Morales como persona non grata.
Según el mandatario guatemalteco, el comisionado se excedió en sus funciones.
La CC ordenó cancelar esa determinación, aunque Velásquez no ha regresado a Guatemala y mantiene la coordinación de la Cicig desde el extranjero.
Morales solicitó al secretario general de la ONU que designara a un nuevo comisionado, pero Antonio Gutérrez ratificó el apoyo al jurista colombiano.
Según el presidente, ésta es una de las razones por las que decidió cancelar el convenio con Naciones Unidas.
"El silencio, pasividad y negativa para buscar soluciones generaron incertidumbre nacional sobre el actuar de la Cicig", dijo.
Por lo pronto el gobierno de Guatemala anunció que presentará una serie de denuncias por el daño que, afirma, causó el trabajo de la Comisión en los once años de su existencia.
