Fuerzas militares patrullan las ciudades en varios países del mundo, desde España hasta India.

En unos se declaran diferentes niveles de estado de excepción que limitan las libertades de movimiento y reunión. Mientras, en otros, el Estado rastrea los movimientos de los ciudadanos infectados a través de sus teléfonos móviles.

En pocas semanas se ha pasado de manifestaciones masivas en diversas partes del mundo (Hong-Kong, Iraq, Chile, Ecuador, Colombia y Líbano, entre otras) a calles vacías vigiladas por policías, guardias nacionales y ejércitos.

La presencia militar resulta lógica si, como afirman casi todos los gobernantes, esta crisis es "una guerra", como si se tratase de enfrentar a un Estado o un grupo insurgente.

El coronavirus parece hecho a medida para los gobiernos y políticos autoritarios que han proliferado en los últimos años. Mientras varios de ellos no creyeron inicialmente en su gravedad, ahora les podría servir para recortar libertades democráticas, dar renovados papeles a los militares, cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación entre países.

Militares en las calles

Mientras los científicos corren contra el tiempo y el creciente número de infectados, expertos en leyes y politólogos se preguntan si las medidas que están tomando muchos gobiernos limitando nuestras libertades son legales, dónde están sus límites y si serán derogadas en el futuro.

El covid-19 coincide con la tendencia global a contar con menos democracias. Desde 2006, según el instituto Freedom House, 64 países son menos democráticos mientras que sólo 37 gozan de más libertades.

La presencia de efectivos militares haciendo tareas civiles genera inquietudes, especialmente en países donde han tenido o tienen control e influencia sobre el poder político.

"Una vez que las fuerzas armadas salen de sus marcos institucionales es muy difícil que retornen a los mismos, ya que su desprofesionalización las ha convertido en otra cosa", me explica Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas (Chile) y experto en cuestiones militares.

En Estados con fuerte debilidad institucional, poner a las fuerzas armadas a controlar los ministerios de sanidad, la producción de medicinas y la seguridad ciudadana, puede conducir a que situaciones circunstanciales se vuelvan permanentes. Mucho más cuando no se sabe cuándo se podrá volver a la normalidad.

Human Rights Watch y la ONU advierten del peligro que el autoritarismo en diversos países pueda restringir los derechos humanos de las poblaciones.

En Filipinas, Sudáfrica, Kenia ya reportan abusos de las fuerzas militares y policiales durante operaciones de control ciudadano cuando se estableció que la gente no saliese de sus casas.

"La mayoría de las constituciones democráticas contemplan estados de excepción cuando sus países enfrentan catástrofes como las del covid-19 y las fuerzas armadas son llamadas a colaborar", dice Varas.

Su papel dependerá del orden constitucional y "del control parlamentario y de la sociedad civil sobre sus gobiernos y las fuerzas armadas para impedir que estas se extralimiten en sus papeles".

Tentación autoritaria

La deriva autoritaria proviene de gobernantes que alegan que se deben limitar las libertades para centralizar las decisiones en el poder ejecutivo.

El Parlamento húngaro acaba de aprobar una ley que permite al primer ministro húngaro Viktor Orban gobernar mediante decretos, sin supervisión parlamentaria y por tiempo indefinido.

Después de no prestar atención a la pandemia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a tomar medidas, algunas preocupantes.

El Departamento de Justicia ha enviado al Congreso un proyecto de ley que incluye limitar el derecho de asilo y permitir que se detenga a personas sin juicio por tiempo ilimitado. Su antecedente es la controvertida legislación que se aprobó después del 11 de septiembre de 2001 que todavía mantiene a 40 detenidos en la base estadounidense de Guantánamo.

Gobiernos europeos, de Estados Unidos y otros países democráticos han impuesto en las últimas semanas limitaciones a una serie de libertades -movimiento, reunión, menos atribuciones a gobiernos locales frente al Estado central o retrasar procesos electorales- sin encontrar oposición de sus ciudadanos.

En general las medidas son escalonadas, bajo control parlamentario y por tiempos determinados. Las situaciones varían de país a país, pero la aceptación de la ciudadanía parece depender del miedo y del grado de confianza que se tenga en el gobierno.

Ante el miedo y la incertidumbre, una gran parte de los ciudadanos quiere que se tomen medidas ejecutivas, rápidas y sencillas de entender. Esto contrasta con la complejidad de una enfermedad producida por un virus que no se conoce bien y que actúa de forma impredecible.

Las explicaciones sobre diferentes formas de enfrentarlo, y los cambios de estrategia, como ha ocurrido con los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos, pueden profundizar la necesidad de contar con soluciones concretas y sencillas de entender, aunque sean duras.

La profesora Arlene B. Tickner, de la Universidad del Rosario, en Bogotá, me escribe lo siguiente: "En cualquier tipo de cultura política (democrática o no) cuando existe alguna combinación de incertidumbre, inseguridad y miedo, los ciudadanos por lo general están más dispuestos a sacrificar ciertas libertades y hasta pueden llegar a pedir (sin necesariamente tener conciencia de ello) que el Estado se las quite".

En Estados Unidos, por ejemplo, los ciudadanos empezaron a exigir a los gobernadores republicanos que ordenaran no salir de los hogares.

Sin embargo, Tickner matiza que, generalmente, "son los mismos Estados (junto con gobiernos, legisladores y partidos políticos) los que instrumentalizan el miedo (y la percepción de inseguridad) con fines políticos para justificar la necesidad de medidas que constriñen algunas libertades con el fin de combatir una "amenaza" existencial".

Las resistencias

En estos días asistimos, además, a la dificultad para coordinar las respuestas, por ejemplo, entre los Estados miembro de la Unión Europea (UE), el gobierno de España y las comunidades autónomas, y entre gobernadores de diversos estados y la Casa Blanca.

Los gobiernos y políticos con tendencias autoritarias (por ejemplo, el ultraderechista partido VOX en España) argumentan que ante estas múltiples opiniones y voces conviene tener un poder fuerte centralizado, y limitar tanto los poderes legislativo y judicial, como la libertad de expresión en nombre de defender la salud del "pueblo".

El caso de China, donde el gobierno cerró el acceso y la salida a la provincia de Hubei, es visto como un ejemplo de supuesta eficiencia autoritaria.

Es un caso, sin embargo, problemático: toda la información está concentrada en un gobierno que no rinde cuentas, y no hay transparencia informativa ni libertad de prensa. Cuando un médico chino trató de alertar sobre la gravedad de la nueva enfermedad al principio de la crisis fue encarcelado.

Pero también hay resistencias a aceptar las restricciones sin salvaguardas. La primera ministra noruega, Erna Solberg, presentó un proyecto de ley para enfrentar la crisis.

De inmediato hubo un debate social en los medios periodísticos y entre las fuerzas políticas que condujeron a una serie de enmiendas, recortando los poderes que inicialmente se atribuía el Gobierno.

Una serie de expertos indicaron que, aunque ahora no sea la situación, sentar el precedente de que el poder ejecutivo tuviese demasiado poder sin control parlamentario sería peligroso para el futuro.

Un caso particular es el de Suecia, donde las medidas tomadas por el gobierno son muy flexibles y no obligatorias.

Esta política se basa en la confianza que los ciudadanos seguirán las indicaciones de distanciamiento y no reunirse en grupos grandes. Esa confianza va más allá del gobierno porque es un acuerdo de fondo entre el Estado y los ciudadanos.

Pierre Schori, diplomático sueco y presidente de la Fundación Olof Palme me explica que, en general, "los suecos tienen confianza en sus instituciones públicas".

"Estas sirven a los ciudadanos y actúan independientes de las presiones políticas".

Es una tradición que tiene más de un siglo, y "durante la crisis del coronavirus representantes de las instituciones y todos los ministros han actuado conjuntamente, apoyando al primer ministro".

El control del comportamiento

Una forma posible de recortar libertades que alarma a expertos y organizaciones de derechos humanos es a través de la tecnología.

China, Corea del Sur e Israel están tratando de controlar la crisis actual obteniendo información de los teléfonos móviles de los ciudadanos. Cuando el propietario de un móvil da positivo por covid-19, el Estado accede a un registro de sus movimientos más recientes.

Se identifica a los usuarios de otros teléfonos que hayan estado cerca de la persona infectada y se les avisa que están en riesgo.

Este mecanismo presenta problemas legales. ¿Tiene el Estado derecho a acceder, usar y almacenar esa información privada? ¿Con quién se compartirá? ¿Qué agencias del Estado pueden implementar estas medidas?

En el mundo operan alrededor de 3.500 millones de smartphones (los utiliza el 42.5% de la población mundial) que acumulan estos y otros datos. Si acceden a ellos, las autoridades de un país pueden conocer con quién se relaciona un ciudadano, sus relaciones laborales, familiares, sociales y sexuales, sus actividades políticas, convicciones religiosas y movimientos.

El gobierno israelí ha puesto la operación de rastreo de móviles en manos de la agencia de seguridad nacional, medida que la oposición califica de "antidemocrática".

Y en Corea del Sur, se hizo pública la información sobre personas infectadas obtenidas de sus teléfonos, con el fin de llamar la atención de otras con las que hayan estado en contacto, creando una posible estigmatización de los afectados.

Diversos expertos alertan que la privacidad de los ciudadanos se podría ver violada, y que la información que hoy se recoge para detener la pandemia, mañana podría ser utilizada para el control político o promover tendencias masivas de consumo.

El popular historiador Yuval Noah Harari escribió hace pocos días que la tecnología que se está usando en Corea del Sur, Singapur y Taiwán para seguir la pista de los móviles, reconocimiento facial a través de cámaras, y datos sobre temperatura corporal, podría servir para fines represivos en el futuro. "Enfrentamos, indicó, el dilema entre vigilancia totalitaria o el empoderamiento ciudadano".

Harari subraya que ciudadanos informados y sociedades que tienen confianza en la ciencia estarán mejor preparadas para verificar que se haga de los avances tecnológicos un uso apropiado y acorde con los derechos individuales.

Pero, señala, que los actuales políticos populistas atacan, mienten y desvirtúan a la ciencia, generando climas de incertidumbre que sirven para promover regímenes autoritarios y menos democráticos.

Después de septiembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos aprobó una serie de medidas extraordinarias, incluyendo escuchas telefónicas, que se han ido prorrogando desde entonces.

Con el fin de que no ocurra lo mismo, el profesor Cass Mude, autor de "The Far Right today" (La extrema derecha hoy), considera que en la crisis del coronavirus deben hacerse tres preguntas: ¿cuál es la contribución que tienen en la lucha contra el virus?; ¿cuáles son las consecuencias negativas para la democracia liberal?; y ¿cuándo serán abolidas?

Cuestiones fundamentales para que la salida de una pandemia no sea la entrada en una crisis de la democracia.

* Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto (Bilbao). Ex asesor de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia.

 

Publicidad