"¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?".
Esa será la pregunta, en caso de celebrarse, del próximo referendo por la independencia de Cataluña de España anunciado este viernes por el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y previsto para el próximo 1 de octubre.
Puigdemont, acompañado por gran parte de los diputados que apoyan su gobierno, argumentó "el derecho legítimo a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña".
Sin embargo, la celebración de la votación no cuenta con la aprobación del gobierno español.
Ante la pregunta de qué sucederá el 1 de octubre, el portavoz del gobierno español, Íñigo Menéndez de Vigo, respondió: "Lo que no va a pasar es que se celebre un referendo ilegal".
Con el anuncio de este viernes, y sin el acuerdo entre ambas partes, el gobierno catalán activa lo que se conoce como "vía unilateral" hacia el referendo.
Es un camino lleno de interrogantes, entre ellas, algunas básicas: ¿qué va a pasar hasta el 1 de octubre?, ¿realmente llegará a celebrarse esa votación?
Y, si sucede, ¿qué validez tendrá?, ¿qué pasará después del 1 de octubre?
Las posibilidades
En los próximos meses se espera que la actividad en torno al referendo sea frenética y que la tensión política vaya en aumento.
Al mismo tiempo, existen dudas de que finalmente termine celebrándose, al menos con el valor oficial que pretende el gobierno catalán.
"Hay pocas o ninguna posibilidad de que se celebre un referendo digno de ese nombre", dice Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona en diálogo con BBC Mundo.
El primer paso de esta compleja "hoja de ruta" será que el gobierno catalán convoque oficialmente la votación.
¿Qué puede hacer el gobierno español?
Pese a su carácter solemne, la comparecencia de Puigdemont este viernes sirvió únicamente para hacer pública la pregunta y la fecha.
A partir de ese momento, se espera que el gobierno español active los recursos de que dispone para intentar evitarlo.
Una medida inmediata, de acuerdo con los expertos consultados por BBC Mundo, será recurrir ese movimiento ante el Tribunal Constitucional.
"De acuerdo con el ordenamiento jurídico español vigente, la celebración de un referéndum de secesión pasa por una reforma previa de la Constitución. La Constitución Española es toda ella reformable y no existen límites a la reforma que afecten a principios fundamentales como el de unidad, a diferencia de otros países. Solo se exige que se haga por las vías previstas para ello", le dice a BBC Mundo Josep Maria Castellà, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
"El gobierno del Estado ha anunciado que los actos jurídicos van a ser impugnados y suspendidos mientras el Tribunal Constitucional resuelva. Más allá de la legalidad todo son incógnitas. Es el camino en que nos adentraríamos caso de que, tras la suspensión, las autoridades catalanas decidieran seguir a delante", agrega.
Dada la situación actual, la probable sentencia del Tribunal Constitucional contra la legalidad del referendo pondrá al gobierno catalán en una encrucijada: seguir adelante o desistir.
El antecedente cercano
El antecedente más cercano a esa disyuntiva tuvo lugar con motivo de la consulta sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014.
En aquella ocasión, ante la declaración de inconstitucionalidad, el gobierno catalán se desvinculó oficialmente de la votación, que, planteada como una consulta ciudadana, fue organizada por voluntarios.
Con una participación del 37% y un apoyo del 80% a la independencia, aquella votación careció de efectos vinculantes y no tuvo valor legal.
En los términos planteados este viernes por Puigdemont, no obstante, el referendo del 1 de octubre tiene un carácter diferente.
"La respuesta que den nuestros conciudadanos, en forma de sí o de no, será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar", aseguró el presidente catalán este viernes.
El Tribunal Constitucional
Una hipotética prohibición del referendo por parte del Tribunal Constitucional y una -igualmente hipotética- decisión del gobierno catalán de seguir adelante pondrían la pelota en el tejado del gobierno español.
"En ese momento la situación será más grave, porque si deciden seguir adelante, esto implicaría un acto de desobediencia civil por parte de funcionarios, cuerpos del Estado? Y por lo tanto podría tener implicaciones penales de máxima gravedad", señala.
En la misma línea se expresa el profesor Arbós, quien indica que el Estado dispone de herramientas para intentar frenar el referendo, entre ellas la activación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender temporalmente algunas competencias de las autonomías.
"El Estado intervendrá, a diferencia del 9N, no habrá tolerancia", apunta el catedrático.
El "choque de trenes"
Por su parte, de acuerdo con una filtración publicada recientemente por el diario El País, el gobierno catalán está trabajando en una "Ley de transitoriedad jurídica" que dé base legal a una posible declaración de independencia.
Esta situación de tensión entre el gobierno de Madrid y el de Barcelona es la que los analistas políticos en España se refieren como "choque de trenes".
Una colusión -más o menos dura- que puede tener consecuencias políticas difíciles de prever y terminar derivando en escenarios diversos.
"¿Qué puede hacer el gobierno catalán cuando se prohíba o se anule el referendo? Puede intentar hacerlo de todas formas, lo cual entrará en una espiral conflictiva con el Estado. O desistir", indica Oriol Bartomeu, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
"El gran problema del independentismo catalán sería repetir otra vez un 9N, que no tuvo consecuencias. En aquella ocasión no hubo una mayoría que participó en el referendo y el bloque independentista catalán no puede permitirse que no pase nada esta vez", le dice a BBC Mundo.
De acuerdo con Simón, cabe posibilidad de que, como ya sucedió en el 9N, el gobierno catalán se eche atrás tras una posible declaración de inconstitucionalidad del referendo.
"Creo que cuando se emita la sentencia van a aflorar las divisiones en el mundo independentista y ahí va a depender de quién gane: habrá sectores que querrán ir hasta las últimas consecuencias y otros que preferirán convocar elecciones. Está por ver cuál de esos sectores se impone", afirma.
En este sentido, el politólogo apunta que, de acuerdo con los sondeos, la mayor parte de la sociedad catalana está a favor de un referendo, pero no a través de la vía unilateral.
Qué más puede pasar
Para el profesor Castellà, el escenario más probable pasa por unas elecciones anticipadas.
"Veremos si el pueblo catalán fuerza una rectificación a las fuerzas independentistas o les confirma en su programa actual. De ello va a depender en buena medida el escenario político por venir: si se abrirán negociaciones, tanto entre las fuerzas políticas presentes en Cataluña como con las españolas en general, sobre la reforma del Estatuto de autonomía catalán, de la Constitución o del sistema de financiación, entre otras cuestiones", apunta.
El caso más extremo de ese "choque de trenes" tendrá lugar si el referendo acaba celebrándose.
"Nos encontraríamos ante un referendo similar al del 9N, del cual no reconoce su legitimidad la mitad de la sociedad catalana ni un actor internacional, porque no existen precedentes de referendos de independencia que no hayan sido pactados entre las partes", apunta Simón.
En caso de llevarse a cabo la consulta, Arbós augura complicaciones en su organización, desde la elaboración de un censo electoral fiable, ya que el actual está en manos del Estado, hasta las dificultades de establecer colegios electorales en municipios gobernados por partidos contrarios al referendo.
"Difícilmente el resultado será creíble", señala el catedrático.
Sin embargo, apunta, si finalmente tiene lugar la votación, no se puede excluir la hipótesis de una declaración unilateral de independencia. Un movimiento sin precedentes de consecuencias difíciles de predecir.
