Más de 750 represores de la última dictadura en Argentina (1976-1983) podrían verse beneficiados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que redujo la pena de prisión de uno de los condenados y que generó controversia en el Gobierno.
El secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema. "Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Si los jueces consideraron que el marco legal lleva a esto, hay que respetarlo", se pronunció Avruj en una entrevista para una radio local al respecto de la decisión, que rápidamente fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos del país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, remarcó el respeto institucional al máximo tribunal, pero consideró que no es justo que se aplique "en ningún escenario" la ley conocida como "dos por uno" que cuenta doble la cantidad de días en la cárcel que un acusado pasó en prisión sin recibir una sentencia firme.
En un fallo dividido, la Corte Suprema avaló el miércoles la inédita aplicación del beneficio del "dos por uno" al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, al entender que siempre se debe aplicar la ley penal más benigna.
Más de 750 represores militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad aún no cuentan con una sentencia firme y podrían reclamar que se les aplique el mismo beneficio que otorgó la Corte Suprema a Muiña.
Organismos de Derechos Humanos
La resolución fue muy criticada por los organismos de derechos humanos.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró "abominable" el fallo. Los organismos de derechos humanos agotarán "todas los instancias internacionales para lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado", anticipó Carlotto, líder de la agrupación que busca a sus nietos apropiados ilegalmente durante la dictadura.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que "hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía" y cuestionó al Poder Judicial por demorar los fallos para que las sentencias queden firmes.
Según los organismos de derechos humanos, la dictadura dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, pero desde su llegada al poder en 2015 el Gobierno argentino cuestionó la veracidad esa cifra por medio de varios de sus funcionarios y legisladores.
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