En la Argentina existe la costumbre de comer ñoquis (en italiano, gnocchi), sobre todo, el día 29 de cada mes. "Ñoqui” se llama en el país también a los funcionarios públicos "fantasmas”, que van a la oficina solamente cuando se pagan los sueldos. Ambos tienen en común que aparecen solo a fin de mes.
El Gobierno de Mauricio Macri le declaró la guerra a los "ñoquis”, poniendo recientemente en marcha un plan para reducir drásticamente el ausentismo. Comenzó con estrictos controles en Presidencia: cuando un funcionario no vaya a trabajar varios días, un médico lo visitará en su domicilio y escribirá un informe sobre las causas de su ausencia.
En 2016, el Gobierno nacional echó a más de 10.000 funcionarios que supuestamente no iban a trabajar. El ausentismo tiene dos variantes: funcionarios que no van todos los días a realizar sus labores, sino que "lo hacen desde casa", y otros que trabajan solo tres o cuatro horas por día y luego se marchan. Eso supone, naturalmente”, acuerdos con el respectivo jefe. El sistema se debe al fenómeno del "clientelismo”, conocido de muchos países: los gobiernos de turno prometen empleos públicos a cambio de votos.
Además, tras la asunción de Macri se pasó a controlar la presencia de los funcionarios a través de datos biométricos. Al llegar al trabajo, el funcionario debe colocar el pulgar en un dispositivo que reconoce de quién se trata. Así se evita que una persona firme por otra, por ejemplo, una planilla de asistencia. El sistema se usa ya en teléfonos móviles, para identificar a su legítimo propietario.
No hay cifras ni controles exactos
En la Argentina hay actualmente pocos ministerios que lleven un control exacto de quién va a trabajar y quién no. No se sabe tampoco a ciencia cierta cuántos son los funcionarios del Estado. Ni cuántos son los "contratados”, es decir, no funcionarios, sino empleados temporalmente. Los contratos son por seis meses y renovables. Una estadística fiable no existe.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Argentina rechazó hace pocos días un acuerdo de aumento de sueldos firmado por el Gobierno con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), otro sindicato, argumentando que suponen una reducción de los ingresos reales. En lugar del 20 por ciento acordado con la UPCN, reclama un aumento del 38 por ciento. Además, calificó el control de asistencia y los mecanismos de evaluación de pautas de productividad” de "extorsivos”.
Argentina: primera en empleo público en América Latina
El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) presentó en un reciente informe cifras sobre el empleo público en la Argentina. El CIPPEC señala que los funcionarios representan cerca del 18 por ciento de las personas activas en la Argentina.
Esa proporción es menor que la registrada en otros países (Francia, 22 por ciento; Canadá, 20 por ciento, Reino Unido, 19 por ciento), pero es bastante superior a la del promedio en América Latina (12 por ciento). En Alemania, el personal en el servicio público, incluidos soldados y maestros, alcanza al 11 por ciento de la población activa.
La divergencia -dice el CIPPEC- puede explicarse por la diferencia en el alcance y composición de los servicios que prestan los distintos países. Pero, también, por la productividad. Es decir, que, en principio, sería necesario un estudio cualitativo, que actualmente en la Argentina no está a disposición.
Según el CIPPEC, la cantidad de empleados públicos creció entre el 2001 y el 2014 casi un 70 por ciento (pasó de 2,3 millones de trabajadores a 3,9 millones). En otros estudios, el número de funcionarios es hoy de 3,6 millones. Exactamente, por lo visto, no se sabe. El motor de la expansión fue para el CIPEEC el empleo público provincial (51 por ciento del aumento), seguido por los gobiernos locales (32 por ciento) y finalmente, el gobierno nacional (17 por ciento).
La guerra de los "ñoquis” continúa
También el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó en su último informe al Gobierno argentino una "reducción estructural” del empleo público. En el informe, titulado justamente "Logrando más con menos”, el FMI aconseja "fortalecer la gestión de las nóminas (de funcionarios) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar funcionarios ‘fantasmas'”.
En todo caso, la lucha por las cifras, su interpretación y los "ñoquis” está lejos de haberse dirimido. La próxima batalla es el 24 de mayo, con los "paros activos” y movilizaciones de la ATE. Pero, seguramente, no será la última: la "guerra de los ñoquis” continuará.
