Cuando el capo de la droga Nicolás Labre Pereira de Jesús, alias “Fat Family”, fue sacado de un hospital de Río de Janeiro a principios de junio por miembros de bandas armadas, su huida expuso, por un lado, el resurgir del crimen organizado en la ciudad y, por otro, la incapacidad de las fuerzas de seguridad brasileñas.
Dos días antes de la fuga del que es considerado el jefe del crimen organizado en la favela Morro de Santo Amaro de Catete, en el sur de Río, el gobernador del Estado, Francisco Dornelles, anunció que las finanzas públicas estaban en “un estado calamitoso”. Advirtió de un colapso inminente de los servicios públicos provocado por las dificultades que atraviesa el Gobierno para pagar los salarios de los funcionarios públicos, incluidos los oficiales de policía.
Mientras Río espera la llegada de un préstamo federal de emergencia de 2.900 millones de reales (810 millones de euros), la vergonzosa huida de Fat Family provocó una torpe y sangrienta persecución que ha traído más conflicto y miedo a las calles.
Al menos nueve personas fueron asesinadas en nueve días, según los reportes, después de que la policía militar de Río llevara a cabo una serie de redadas en el norte de la ciudad, sobre todo en la favela de Mare. En la última operación de búsqueda del capo mafioso, llevada a cabo el miércoles (29.06.2016) en Nova Holanda, Mare, la policía incautó una pistola Glock, cocaína y marihuana.
Aunque oficialmente duró dos horas, testigos residentes en la comunidad -en la que 80 participaban en actividades de la ONG Redes da Mare- aseguran que la favela quedó paralizada durante al menos cuatro horas mientras helicópteros y vehículos blindados patrullaban la zona.
“Es inaceptable que en el siglo XXI tengamos que sufrir situaciones de este tipo”, lamentó la organización. “Muchos residentes no pudieron ni siquiera volver a sus casas ese día”. Mare se encuentra junto a la carretera principal que lleva al aeropuerto internacional de Río, y es una de las áreas en las que el gobierno estatal ha solicitado refuerzo militar. Informes reportan tiroteos diarios entre la policía y bandas de narcotraficantes.
Plan de seguridad para los Juegos
Como parte del plan de seguridad olímpico, que entrará en vigor el martes, serán desplegados 85.000 policías y soldados de refuerzo. Andrei Rodrigues, secretario extraordinario para eventos de máxima seguridad, garantizó el pasado miércoles que el plan de seguridad para los Juegos Olímpicos será tan robusto como lo fue el de la Copa del Mundo y el de otros eventos importantes en Brasil.
“La realidad de Río es diferente. No sé si mejor o peor o si, en el futuro, la situación mejorará o empeorará”, dijo Rodrigues. Y añadió: “Lo que tenemos que hacer es proporcionar seguridad durante los Juegos. Nos estamos preparando para situación a la que nos enfrentamos”.
Los sindicatos de Policía, sin embargo, han asegurado que la crisis actual es la peor que han visto en hace años, con oficiales que no cobran sus salarios o que incluso han tenido que pagar de sus bolsillos la alimentación de los detenidos. Policías y bomberos de Río hicieron un llamado de atención esta semana sobre su situación colocando una pancarta en el aeropuerto internacional de la ciudad en la que se podía leer: “Bienvenido al infierno”, con la que quieren advertir a los turistas de que su seguridad no está garantizada.
Para esta semana hay planeadas otras protestas y no se descarta una huelga durante los Juegos en la medida que los salarios y las horas extraordinarias pendientes de pago no sean abonadas. A principios de semana, el gobernador Dornelles dijo que sólo había dinero para garantizar el repostaje de combustible de los coches policiales hasta el domingo (03.07.2016).
Y, al mismo tiempo, la violencia sigue en aumento. Un policía de 30 años fue asesinado el domingo pasado, lo que elevó a 50 el número total de agentes fallecidos en Río desde principios de año.
